El Gobierno andaluz abre la puerta a analizar la solución para cada uno de los proyectos afectados por la inundabilidad

La Consejería de Medio Ambiente emitió ayer un comunicado respecto al informe favorable a la ampliación comercial de Plaza Mayor en el que hizo ver que el procedimiento seguido para desbloquear este proyecto puede repetirse en otros casos de actuaciones afectadas por los mapas del riesgo de inundación en el entorno del Guadalhorce. Así, desde este departamento de la Administración regional se considera que es «perfectamente viable, con soluciones adaptadas a cada caso concreto, salvar la afección de la zona inundable en Málaga hasta que se pueda ejecutar lo que sería la solución definitiva y general, que es la ampliación de capacidad del encauzamiento del río Guadalhorce», mediante la sustitución del actual puente de la Azucarera y la supresión de los restos del antiguo puente del ferrocarril, lo que disminuye la capacidad del encauzamiento de la desembocadura para avenidas de un periodo de retorno de 500 años. La consejería recuerda que ambas actuaciones deben ser ejecutadas por el Gobierno, por lo que su realización depende actualmente de que se defina un nuevo Ejecutivo central tras las elecciones del pasado domingo.

De este modo, Medio Ambiente abre la puerta a analizar cada uno de los proyectos afectados por la inundabilidad y supedita su posible desarrollo a que se realicen medidas correctoras que disminuyan los riesgos de inundación y que, eso sí, tendrían que ser asumidas por los promotores de esos proyectos. «Es así como las actuaciones concretas podrán desarrollarse incluso en la zona inundable, con correcciones aplicables al caso. Gracias también, entre otras cuestiones, a la colaboración entre administraciones y el tejido socioeconómico», precisa la nota.

Uno de los proyectos afectados por la inundabilidad, que incluso menciona el comunicado de Medio Ambiente, es la ciudad aeroportuaria propuesta por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. La huella de la inundabilidad obligaría a recortar sus terrenos en un 40%. El alcalde de esta localidad, Joaquín Villanova, aseguró que va a seguir exigiendo a la Junta que tome medidas para evitar la afección a este proyecto. «Ya le propusimos elevar la cota del terreno, como han aceptado ahora para la ampliación de Plaza Mayor, pero lo rechazaron con el argumento de que también habría que subirla en la otra orilla del río, la de los polígonos», expuso. «Hay que adoptar una solución integral. Es una vergüenza que privados tengan que pagar obras para reducir el riesgo de inundación que son actuaciones de interés público», dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), Sergio Cuberos, opinó que esta postura de la Junta puede beneficiar a proyectos de una gran superficie, y cuyos promotores estén dispuestos a asumir el coste de las medidas correctoras con tal de poder desarrollarlos. «¿Pero qué pasa con el suelo urbano consolidado de los polígonos? ¿Qué medidas va a poder pagar el empresario que quiere construir una nave? Por eso le pedimos a la Junta una moratoria de cinco o seis años y que no impidan el desarrollo de proyectos en suelos consolidados hasta que se ejecuten las medidas correctoras genéricas que beneficien a todo el entorno del Guadalhorce, como el nuevo puente», argumentó.