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Francisco Jiménez
Miércoles, 15 de junio 2016, 00:27
Será porque realmente todavía no lo tiene claro o por ser políticamente correcto, pero Francisco de la Torre asegura que acudirá a la reunión con los sindicatos para abordar el futuro de Limasa prevista para este fin de semana con «una apertura de mente a cualquier solución». Pero mientras procura no mojarse abiertamente hasta conocer a qué están dispuestos a renunciar los trabajadores (rebaja salarial, ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y supresión de los puestos hereditarios son las principales exigencias del equipo de gobierno) a cambio de ser municipales, sí que va lanzando mensajes que apuntan a una privatización, como considerar que controlar la calidad del servicio «es más fácil de plantear en una empresa privada estableciendo unos niveles de calidad y penalizaciones si no se consiguen».
Pero también asegurando tener «la impresión, aunque es difícil de cuantificar, de que desde la propia ciudadanía la idea de una posible municipalización no acaba de ser bien acogida». Lo que sí que está cuantificado son las más de seis mil firmas (4.600 a través de la web www.limasapublica.es) que se llevan recogidas durante las últimas cuatro semanas a favor de una Limasa pública a través de la campaña impulsada por los grupos de izquierdas en la oposición (PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente) junto al comité de empresa con el apoyo de las federaciones vecinales Solidaridad y Unidad y la organización de consumidores Facua.
plan para el verano
El plan especial de limpieza para el verano, que arranca hoy y permanecerá activo hasta finales de septiembre con el objetivo de hacer frente a las necesidades específicas que plantea la temporada estival tanto por las temperaturas como por el mayor número de personas en espacios públicos, le supondrá al Ayuntamiento de Málaga un recargo en la factura de 900.000 euros, que es el dinero que se destinará a ampliar la jornada laboral de los fijos discontinuos (conocidos como domingueros) y contratar a personal eventual para cubrir los huecos que dejen la plantilla fija y reforzar una serie de servicios. Como ya informó este periódico, las tareas se van a reorganizar para potenciar fundamentalmente el turno de tarde y, sobre todo, los fines de semana tanto en las plazas y espacios públicos que suelen estar más concurridos como en el Centro Histórico y, por primera vez, también en las playas, donde se habilitará un servicio extra para las tardes de los fines de semana. Además, también se va a reforzar la limpieza en los barrios más poblados (Carretera de Cádiz, Cruz del Humilladero y Bailén) con más barrenderos en el turno de tarde, así como incorporar a más trabajadores en los cuartelillos para que se completen todas las rutas de barrido programadas.
En cualquier caso, el regidor insistió en que, independientemente del modelo de gestión, «el tema es conseguir esa calidad, porque el ciudadano tiene la percepción de que el servicio cuesta mucho, que el nivel conseguido no está a la altura y que por parte de los trabajadores se ha hecho un uso excesivo del derecho de huelga para lograr reivindicaciones laborales, lo que ha provocado problemas en el servicio y también su encarecimiento». Siguiendo esta línea, sí que incidió en que «no hay ninguna postura previa adoptada». «Estamos abiertos a distintas posibilidades. Hay mucha neutralidad tratando de acertar; siempre haremos lo que sea mejor para el interés público general de la ciudad», remarcó De la Torre, que tiene previsto reunirse con el comité de empresa este fin de semana y, a partir de la próxima semana, con el resto de grupos políticos.
En este sentido, el primer edil dijo estar a la espera del informe sobre las conclusiones de las reuniones técnicas mantenidas con los sindicatos para comparar el convenio colectivo de Limasa con el del personal laboral del Ayuntamiento, así como del solicitado a la Dirección General de la Función Pública (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) para determinar cómo se podría llevar a cabo la incorporación de la plantilla al sector público. En principio, la idea es que los trabajadores pasarían a ser laborales indefinidos, pero no fijos, por lo que sus plazas podrían salir a concurso en el futuro.
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