La consulta ciudadana sobre los terrenos de Repsol, en el aire

La consulta ciudadana para definir el futuro de los terrenos de Repsol sigue siendo una incógnita cuatro meses después de que los cinco grupos políticos en el Ayuntamiento (PP, PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente) aprobaran por unanimidad que sean los malagueños quienes decidan si en esta finca de 177.548 metros cuadrados enclavada entre las avenida de Europa y Juan XXIII hay sitio para viviendas, equipamientos y un parque o si, por el contrario, debe destinarse por completo a un bosque urbano para dotar de un pulmón verde a una de las zonas con mayor densidad de población de Europa.

El grupo de trabajo constituido por partidos políticos y colectivos vecinales para definir el proceso, que celebra esta tarde su segunda reunión, ya acordó hace un mes una hoja de ruta en la que se fijaba para noviembre la pregunta a los ciudadanos, pero la realidad a día de hoy es que aún no está claro si su resultado será vinculante, puesto que sobre la mesa hay un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento en el que se advierte de que la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local establece que podrán someterse a consulta popular «aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la hacienda local».

La cuestión no es baladí, ya que el proyecto vigente para los suelos de Repsol (cuatro rascacielos de hasta 34 plantas para 932 viviendas y un hotel, otras cuatro torres con 400 VPO, zonas comerciales, equipamientos públicos y un parque de 70.000 metros cuadrados) está asociado a un convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento es propietario de los derechos edificatorios de tres de los cuatro rascacielos, valorados en 70,3 millones de euros.

¿Está muerta la consulta? No del todo, pero tampoco es que goce de muy buena salud, como deja entrever el concejal de Participación Ciudadana, Julio Andrade. «Con este informe que dice lo que no se debe hacer nadie se va a saltar la ley. Si se hace, se hará como marca la ley, lo que implica contar con informes jurídicos porque, entre otras, cosas, hay terceros que pueden verse afectados (el banco malo posee los derechos de la cuarta torre y el grupo inmobiliario Yeregui los de las VPO)», advierte Julio Andrade, quien reconoce que aún no se ha solicitado al interventor municipal que se pronuncie sobre si un hipotético cambio del proyecto residencial afecta o no a la hacienda pública. Ante esta situación, el objetivo es «tratar de seguir avanzando» para que, aunque no sea una consulta popular tal y como está regulada, sí que se pueda dar voz a los malagueños para que opinen sobre los terrenos de Repsol.