Barcelona, Sevilla y Valencia también tienen su debate sobre el exceso de terrazas

Si existe alguien tentado de pensar que Málaga es la única ciudad que vive inmersa en el debate de las terrazas y su presencia en la vía pública, se equivoca. En mayor o menor medida, en otras ciudades de características similares se ha reproducido la discusión en términos casi exactos cuando ha llegado la hora de actualizar la ordenanza municipal que regula la actividad hostelera en el exterior.

Tres buenos ejemplos con los que podría compararse el caso de Málaga son Sevilla, Valencia y Barcelona, cuyas autoridades municipales han tenido que conciliar o al menos intentarlo los intereses de vecinos, comerciantes y hosteleros. Las dos primeras tienen su normativa al día, y además fueron aprobadas hace relativamente poco tiempo: en la capital hispalense ocurrió en abril de 2013, mientras que en la ciudad del Turia recibió el visto bueno del pleno municipal en junio de 2014.

Muy diferente es el caso de Barcelona, donde al debate ciudadano se suma el desencuentro político: en principio, el gobierno del anterior alcalde, Xavier Trias (CiU), aprobó una ordenanza sobre esta materia que entró en vigor en enero de 2015 y que supuso una avalancha de inspecciones, multas e incluso cierre de locales. La rebelión en bloque de los hosteleros, y el cambio del color político en el Ayuntamiento con la llegada de Ada Colau (Barcelona en Común) paralizaron la ordenanza de Trias, que sin embargo sigue enquistada en el debate municipal y que promete prolongarse en el tiempo al menos dos años más, el tiempo que ha pedido la regidora para poner de acuerdo a todas las partes implicadas.

En cualquier caso, sí es un hecho que la complejidad de la ciudad Condal exige una ordenanza para cada zona. Así se recoge en su web municipal, que se refiere a normativas específicas para Las Ramblas, la Avenida de Gracia, Les Corts, el Eixample o Nou Barris. Entre esas medidas destaca la obligación de mantener una separación mínima entre terrazas de 1,5 metros, una distancia ligeramente inferior a la que estudia el Ayuntamiento de Málaga en el borrador de su ordenanza, que fija esta distancia en dos metros.

La normativa que rige en Sevilla también es herencia del anterior alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), cuyo sucesor Juan Espadas (PSOE) no ha hecho más que aplicar la ordenanza en todos sus términos. Aún así, la sensación generalizada es que, al igual que en Málaga, sigue habiendo excesos. Y eso a pesar de algunos cambios que han tratado de corregir la saturación, como el adelanto de hora de cierre de las terrazas de las dos a la una de la mañana en Málaga, en principio, el tope está en la medianoche de lunes a jueves y media hora más para los viernes, sábados y domingos. La gran diferencia, en este caso, está en el capítulo de las sanciones, mucho más elevadas en el caso de Sevilla: allí, las faltas leves oscilan entre los 600 y los 2.999 euros (aquí entre los 100 y los 750), las graves entre 3.000 y 5.999 euros (frente a los 751 a 1.500 euros de Málaga) y las muy graves entre 6.000 y 120.000 euros, cantidades en absoluto comparables a las que estudia Málaga, con multas en este apartado de entre 1.501 a 3.000 euros. Además, la ordenanza sevillana incorpora otra novedad: los ciudadanos podrán presentar sus propias denuncias contra las terrazas (allí veladores) por vía telemática.

También Valencia acotó el exceso de ocupación de la vía pública con una normativa que dejaba las calles bajo un control absoluto: la obligación de ajustarse a un horario (una de la mañana en verano y media hora antes en invierno), la prohibición absoluta de toldos en zonas como Ciutat Vella y la obligación de recoger todos los elementos de la terraza en un espacio previamente delimitado con pintura verde o blanca son algunas de sus principales características.