La Fiscalía investiga si la Diputación dejó de reclamar impuestos de la Junta

La Diputación Provincial, en concreto el funcionamiento de su Patronato de Recaudación, se encuentra en el punto de mira de la Fiscalía Provincial de Málaga. Según ha podido conocer este periódico de fuentes cercanas a la investigación, están en marcha pesquisas para indagar respecto a lo recogido en un informe interno de esta agencia pública en el que se apunta hacia un presunto anómalo funcionamiento del Patronato, en concreto del departamento que se encarga de cobrar los tributos que le encomienda la Junta de Andalucía. No obstante, los responsables de este organismo provincial aseguran que todo está dentro de la normalidad y avalado por un informe de la tesorera en el que se sostiene que el funcionamiento ha sido correcto en todo momento.

Trabajadores del Patronato elaboraron a principios de este año ese informe de cien páginas, que manejan los investigadores del caso, entre los que se encuentran agentes de la Guardia Civil, en el que ponen de manifiesto llamativos resultados de la labor de recaudación de la denominada como Zona Junta, la sección encargada del cobro en la provincia de tributos para la comunidad autónoma como el impuesto de transmisiones patrimoniales, y el de sucesiones y donaciones, en vía ejecutiva.

Este análisis, al que ha podido tener acceso este periódico de fuentes judiciales, concluye que, durante los últimos cinco años, los expedientes recaudatorios declarados como incobrables por la Zona Junta ascienden a un montante aproximado de unos 75 millones de euros. Una cantidad que el documento considera desproporcionada en comparación con otras zonas recaudatorias.

En cambio, para los responsables del Patronato, se encuentra dentro de la normalidad. Su gerente, Luis Díaz, aseguró que «está dentro de lo normal con los números que manejamos», y recordó que el volumen de encargos de cobro de la Junta al Patronato puede superar los 200 millones de euros en el último lustro y que se trata de expedientes de recaudación en vía ejecutiva, es decir, cuando los contribuyentes no han cumplido con sus obligaciones tributarias de forma voluntaria, por lo que «son casos que generalmente presentan dificultades para cobrar la deuda».

No obstante, el informe que maneja la Fiscalía detecta, a raíz de un muestreo, que en un 60% de los casos analizados no constaba actuación alguna de cobro por parte de los funcionarios que los tenían a su cargo y que, en los que existía referencia de alguna actuación, ésta había tardado una media de más de dos años en practicarse, siempre según el informe. Se descubre también que muchos de esos expedientes correspondían a contribuyentes que eran titulares de bienes susceptibles de embargo y que, transcurridos varios años sin acción alguna por parte de la agencia de recaudación provincial, los habían transmitido o habían sido ya embargados por otras administraciones, por lo que se declaraban como incobrables.

Prescripciones

También se señalan otro tipo de incidencias como que las notificaciones a los contribuyentes deudores eran escasas, provocando la prescripción de recibos. En definitiva, según este informe, una situación de inactividad que provocaba pérdidas en la gestión de los créditos encomendados por la Junta.

De los 75 millones de euros que el Patronato no ha podido cobrar para la Junta en los últimos años, hay 38 millones que aún no habían sido devueltos a la Administración regional y, a raíz de una nota interna, los responsables del organismo provincial optaron por averiguar si todavía era posible el cobro de un 15% ó 20% de los expedientes. La Tesorería del Patronato analizó 142 casos que podrían encontrarse en esa situación y determinó que resultaba imposible el embargo en la práctica totalidad o se tenía que realizar en vehículos que presentan dificultades para su almacenamiento.

Por ello, este otro informe de la Tesorería concluyó que se habían realizado todas las actuaciones posibles para cobrar la deuda tributaria de los expedientes y que su liquidación presentaba prácticamente las mismas dificultades que cuando se acordó su devolución a la Junta.

Según las fuentes consultadas, fue a principios de este año cuando los resultados del informe interno que cuestiona la labor de la Zona Junta fueron aportados a los responsables del Patronato. Finalmente, el asunto llegó a la Fiscalía, quien ordenó la apertura de diligencias de investigación para esclarecer las presuntas anomalías detectadas, sus responsables y verificar si de ello pudiera derivarse la comisión de algún delito.