La demanda por los gastos comunes del Cubo abre una guerra entre Muelle Uno y el Puerto

El recurso Contencioso-Administrativo que la sociedad concesionaria Muelle Uno ha interpuesto contra la Autoridad Portuaria ha abierto una brecha importante en las relaciones entre ambas instituciones. Tal y como informó SUR en exclusiva en su edición de ayer, los privados le reclaman unos 600.000 euros por los gastos comunes del Cubo y de la pequeña estación marítima construida (y todavía sin uso) junto a la Farola, entre los años 2012 al 2014.

El presidente del Puerto, Paulino Plata, se mostró ayer visiblemente indignado por este giro en las relaciones con su socio, y no ahorró en críticas hacia los gestores del espacio. «Esto lo que necesita es una buena gestión comercial y menos demandas», afirmó, y puso de relieve la paradoja de que haya todavía locales vacíos, a pesar del fuerte tirón de público. Al respecto, recordó que este año se espera cerrar con casi ocho millones de visitantes. «Ese espacio es brillante desde un punto de vista económico, las empresas no pueden solucionar sus cuentas por la vía jurídica sino con gestión; quieren cuadrar sus cuentas a base de demandas», reiteró.

El máximo responsable portuario criticó asimismo que este movimiento le va a ocasionar graves perjuicios financieros al organismo, en la medida en que le obligan a hacer provisiones en los presupuestos anuales por el mismo valor de la cuantía exigida, hasta que llegue la sentencia: «Hay que saber medir las demandas», agregó.

Sobre la estrategia que van a seguir para afrontar esta situación, Plata aseguró: «Nos defenderemos, vamos a defender los intereses públicos del Puerto de la manera más contundente».

Claves del caso

Los responsables de la sociedad concesionaria Muelle Uno declinaron ayer el ofrecimiento de este periódico para dar su versión sobre las razones que les han llevado a adoptar esta medida.

Según pudo saber SUR de fuentes cercanas al caso, la empresa ha interpuesto el recurso Contencioso-Administrativo al considerar que en los tres años que van desde el final de las obras del centro comercial (que incluyeron ambos inmuebles) hasta 2014 tuvo que asumir en solitario los gastos derivados del mantenimiento, la electricidad, la limpieza y la seguridad de ambos. De hecho, éstos no pertenecen a la concesión, sino que se construyeron por imposición del Plan Especial del Puerto para su posterior cesión: el Ayuntamiento se quedaría con el Cubo; y la Autoridad Portuaria, con la estación marítima.

El grueso de la supuesta deuda se debe al edificio que actualmente alberga el Centro Pompidou de Málaga, en el que la entidad concesionaria alega que debió invertir en esos años entre 515.000 y 560.000 euros, antes de que se cediera al Consistorio. El segundo elemento de discordia, la pequeña terminal de cruceros que se edificó en el paseo de la Farola, cerca del monumento, es un gran desconocido. Se trata de un edificio bajo, de cristal, que ha permanecido cerrado desde sus inicios, y que los gestores portuarios pretenden recalificar ahora para que tenga un uso comercial. En este caso, los costes habrían sido de entre 62.000 y 67.000 euros.

En ambos, la sociedad concesionaria alega que les deben ser abonados los gastos generales correspondientes a los espacios e instalaciones de uso común, en el porcentaje correspondiente a estas dos edificaciones. Para ello, aducen que hubo reiterados intentos de que la Autoridad Portuaria recepcionara las obras, como marca la normativa, un mes después de concluirlas (esto es, a partir de junio de 2012), aunque este paso no se produjo hasta septiembre de 2014. Por tanto, consideran que el organismo demoró de forma injustificada la recepción formal, por lo que a criterio de los demandantes le correspondería abonar ahora los gastos derivados de la inactividad de aquellos años.