JESÚS HINOJOSA
Miércoles, 24 de junio 2015, 01:18
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) vulneró la Ley de Contratos del Sector Público en el desarrollo de las obras que finalizó hace cuatro años para completar la reforma del Hospital Clínico Universitario. Así se pone de manifiesto en un informe del Consejo Consultivo de Andalucía del pasado mes de abril en el que se reconoce que en esta actuación, que fue adjudicada a la empresa Acciona Infraestructuras por 13,3 millones de euros, se llevaron a cabo trabajos adicionales cuantificados en 1,2 millones de euros que «no se encuentran recogidos en el proyecto de ejecución de obras». «Esto es, nos estamos refiriendo a obras ejecutadas por la empresa constructora fuera de su contrato», añade el informe.
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El Consejo Consultivo indica que, por ello, «nos encontramos ante una contratación verbal, prohibida por la normativa de contratación» del sector público, ya que «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, pues no existe trámite alguno relativo a tal contratación». Este informe del órgano superior de consulta en Andalucía fue solicitado por la Consejería de Salud para un procedimiento iniciado por el gerente del SAS en noviembre del año pasado, tres años después de la finalización de las obras, con el objetivo de declarar nulas las actuaciones por las que se ejecutaron unidades de obra fuera del proyecto de reordenación funcional y arquitectónica del área de hospitalización Torre A del Hospital Clínico. El dictamen es positivo al procedimiento para alcanzar la nulidad, lo que avala que el SAS salde su deuda con la constructora, que está conforme con lo cuantificado como trabajos fuera de contrato.
Consecuencias judiciales
Eso sí, el informe pone de manifiesto la ilegalidad cometida en este destacado proyecto de obras por parte del SAS. Según fuentes expertas consultadas por este periódico, al haber alcanzado un acuerdo entre las partes para liquidar lo ejecutado sin contrato, proceder que autoriza el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, el asunto no va a llegar a los tribunales por parte de la Junta ni de la empresa. Eso sí, aseguraron que en caso de que un tercero denunciara esta infracción de la ley ante la justicia, los responsables del SAS podrían ser juzgados por lo penal y condenados en el caso de que se demostrara que actuaron de mala fe.
Fuentes del Servicio Andaluz de Salud consultadas por este periódico sobre la irregularidad constatada en las obras de reforma del Hospital Clínico se limitaron a responder que el informe del Consejo Consultivo ya se había recibido, y que el SAS elevó la cuestión a este órgano superior «en cuanto detecta que un modificado de la obra no ha contado con todos los trámites administrativos necesarios». Eso sí, lo detecta cuatro años después de que se dieran por acabados los trabajos.
Este periódico contactó con fuentes de la constructora que los realizó, la empresa Acciona Infraestructuras, para consultarles su postura respecto al contenido del pronunciamiento del Consejo Consultivo. No obstante, declinaron hacer declaraciones al respecto.
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Este proyecto de obras hospitalarias fue financiado en un 80% con fondos europeos dentro del Programa Operativo Feder Andalucía 2007/2013, por lo que Bruselas podría sancionar a la Junta de Andalucía si tiene conocimiento oficial de la ilegalidad plasmada en el pronunciamiento del Consultivo, según aseguraron expertos en financiación europea. Sin embargo, desde el SAS sostuvieron que esta circunstancia «no afecta a los fondos recibidos para la obra» porque se trató de una «ampliación por motivos técnicos cuyo coste adicional es asumido por el SAS».
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