Un empresario declara sentirse “engañado” por la Junta porque le adeuda aún 65.000 euros de los cursos de formación

Un empresario imputado en el presunto fraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, conocido como caso Edu, ha declarado hoy ante el juez que se siente engañado por ésta, ya que aún le adeuda 65.000 euros de uno de los dos cursos de estructuras metálicas que impartió en 2010, según explicaron fuentes de su defensa, que anunciaron que se personarán como acusación particular en este caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital.

Las declaraciones por el caso Edu han continuado hoy con la comparecencia del empresario imputado y dos hijos de éste. El investigado ha asegurado, según las fuentes, que organizó el centro para realizar los cursos adelantando el dinero de su bolsillo para realizar las inversiones que se requerían para impartirlos y contratar a los monitores, pero que la Junta de Andalucía que debía pagarle en el mes de marzo no lo hizo hasta agosto. También ha manifestado que los dos cursos fueron organizados e impartidos completamente y que en el primero contrató a todos los alumnos que se exigían, pero que en el segundo no se pudo hacer porque no había trabajo. Asimismo, al igual que lo hiciera con anterioridad otros imputados en este caso, ha manifestado que durante el primer curso una técnico de la administración controló e inspeccionó el desarrollo del mismo, pero no en el segundo, en el que, ha asegurado, nadie de la Junta se personó en el centro, ni inspeccionó ni llevó a cabo control alguno del curso.

El módulo investigado contó con unos 15 alumnos y los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostenían inicialmente, en uno de sus informes que esta empresa, a la que se concedió en 2009 otra ayuda, fue creada con la única finalidad de la percepción de las subvenciones de formación

En la primera comparecencia relacionada con esta empresa, declararon dos monitores y la coordinadora de formación. Todos ellos aseguraron que la sociedad se creó para dar cursos, que el módulo se impartió e insistieron en que en este curso no hubo ninguna inspección por parte de la Junta, pero sí un control del propio centro.

Unas trescientas personas, entre ellas alumnos, profesores y empresarios, todas ellas relacionadas con las empresas y los cursos impartidos en la primera convocatoria, de diciembre de 2010, investigada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tendrán que comparecer ante el juez instructor en los próximos meses.

También serán citados los responsables y funcionarios encargados de conceder las ayudas. Esta primera fase del caso Edu, sobre el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados, se ha dividido en dieciséis piezas separadas, aunque las diligencias se centran en diecisiete empresas, ya que dos de ellas se han agrupado en una misma pieza separada por tener vínculos.

El juez instructor también ya tiene en su poder la investigación de la segunda parte de las pesquisas, la denominada Edu Costa, y que afecta a diez empresas en Málaga, todas ellas relacionadas con una convocatoria de ayudas de noviembre de 2010.

Con la resolución de la Consejería de Empleo de 4 de noviembre de 2010 se concedieron en Málaga ayudas a treinta empresas y las investigaciones han detectado irregularidades en diez de ellas. Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones, según las pesquisas.

La investigación del presunto fraude en los fondos de formación para desempleados se inició a raíz de una denuncia ante la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF). El caso se inició tras las irregularidades detectadas por la Seguridad Social, que provocó la investigación por parte de la UDEF.