Hoy declaran ante el juez los primeros investigados por los cursos de formación

El caso por el presunto fraude en los cursos de formación a parados del Servicio Andaluz de empleo (SAE), conocido como 'caso Edu', comienza a andar en los juzgados de la capital hoy, con la declaración de los primeros investigados. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tomará declaración a tres miembros de una empresa malagueña, entre los que se encuentra su administrador, dedicada a la formación. Se trata de la tanda de declaraciones perteneciente a la primera fase de la investigación, en la que han sido imputadas más de medio centenar de personas entre empresarios y funcionarios.

El 'caso Edu' comenzó con la investigación de una denuncia presentada ante la Fiscalía por parte de la sección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social que en varios informes policiales apuntaba a una supuesta falta de justificación de cursos de promoción del empleo del SAE con compromiso de contratación, y también de control posterior.

Las investigaciones policiales detectaron presuntas irregularidades en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones en la resolución del SAE del 15 de diciembre de 2010, por cerca de dos millones de euros. Posteriormente las pesquisas se ampliaron a una segunda resolución, la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se detectaron irregularidades en 10 subvenciones.

Fuentes judiciales, indicaron que estas declaraciones están relacionadas con la primera convocatoria investigada, en concreto a responsables de las empresas y los cursos, y se prolongarán durante varios meses.

A las próximas comparecencias serán citados a declarar como imputados funcionarios del organismo público encargado de conceder las ayudas para los cursos. Lo pidió la Fiscalía cuando remitió las diligencias al juzgado. Se trata de siete técnicos o responsables del SAE, entre ellos el que era delegado provincial de Empleo, Juan Carlos Lomeña.

La Fiscalía considera que podría existir «indicios de responsabilidad penal», en concreto, de los delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias.

La UDEF concluyó que existían supuestas irregularidades tanto por la falta de capacitación de empresas a las que se dieron fondos mediante convenio, como por el supuesto incumplimiento en la contratación del 60 por ciento de los alumnos, la falta de control o posibles falsedades en los partes de asistencia. Los investigadores mantienen que se produjo una «absoluta falta de control y seguimiento» posterior «por parte de los técnicos» responsables, ya que en algunos de los expedientes analizados estaban sin contenido y sin los documentos de la empresa ni los de los técnicos.