Juan Soto
Miércoles, 31 de diciembre 2014, 01:56
Los vecinos de Villas del Arenal no se van a librar de abonar las sanciones impuestas por pequeñas infracciones urbanísticas de pérgolas, trasteros y otras pequeñas construcciones. Después de varias semanas de protestas y encuentros con responsables municipales, ayer se reunieron con el alcalde, quien les anunció que se van a revisar las sanciones, aunque en ningún caso podrán ser perdonadas.
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Al encuentro celebrado en el Ayuntamiento asistieron numerosos vecinos afectados con pancartas exigiendo soluciones y justicia. Tras la reunión en Alcaldía, que duró más de una hora, el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, explicó que el Consistorio ha formado un grupo de trabajo para analizar cada uno de los casos de forma individualizada. «Los (expedientes) sancionadores seguirán adelante sí o sí; aunque se aplicarán los mayores descuentos posibles porque lo permite la ley en los casos en los que haya buena fe o se haya restituido el daño».
El edil afirmó que las sanciones están contempladas por la LOUA, por lo que poco se puede hacer al respecto. «Otra cosa es que estemos o no de acuerdo, pero mientras esa sea la ley, hay que cumplirla». En este sentido, consideró que la norma «tiene poco sentido común en algunos aspectos».
Pomares recordó que la reunión se celebró en un ambiente distendido y que los afectados entendieron las explicaciones del regidor, que se interesó por algunos casos particulares. «Ahora habrá que estudiar caso a caso; hemos puesto un equipo dedicado sólo a esta cuestión para que se tenga la misma intepretación», dijo.
En concreto, y según documentos a los que ha tenido acceso este periódico, los residentes afectados tendrían que hacer frente a multas de casi 1.200 euros por metro cuadrado de edificación construida sin licencia urbanística. Tras reunirse hace unos días con técnicos de Urbanismo se mostraron partidarios del archivo de los expedientes «por defectos de forma y cuestiones tan irregulares como que Teresa Domingo (la polémica jefa de Disciplina Urbanística, que fue destituida) y técnicos sobrevuelen nuestro barrio en un helicóptero de la Policía Nacional como si fuésemos delincuentes».
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José Cardero, portavoz de los vecinos afectados, rebajó ayer el tono de las críticas y afirmó que le van a dar un margen de confianza al alcalde. «Se ha mostrado dispuesto a encontrar una solución y se ha comprometido a citarnos en las próximas semanas para trasladarnos lo que han acordado». Igualmente, Francisco de la Torre les dijo que las nuevas cartas sancionadoras estarán «completamente detalladas con los mayores descuentos posibles».
Los propietarios de estas viviendas ubicadas en Intelhorce deberían hacer frente a sanciones de entre 20.000 y 40.000 euros por realizar obras sin licencia previa. Según los cálculos de los propios afectados, hay alrededor de 130 perjudicados, por lo que las sanciones han terminado por aguarles las fiestas de Navidad. «Esperemos que el Ayuntamiento cumpla su palabra y suavice las sanciones», aseveró esperanzado Cardero.
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