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Nuria Triguero
Miércoles, 8 de octubre 2014, 08:32
Antonio Martín ha cerrado sus puertas. El que fuera buque insignia de La Moraga, el proyecto hostelero más ambicioso de Dani García que posteriormente vendió su participación, lleva en proceso concursal desde marzo a causa de sus deudas acumuladas con Hacienda, Seguridad Social, proveedores y entidades financieras. Ayer el conocido restaurante de La Malagueta no pudo seguir prestando servicio por un motivo muy básico: le cortaron el suministro de electricidad por falta de pago. El viernes anterior, además, había abandonado el barco Adolfo Jaime, que era su cocinero jefe desde hace casi un año.
Los responsables de Antonio Martín no confirmaron ayer si este cierre es definitivo y anunciaron que tal decisión se tomará en los próximos días. En esta determinación tendrá mucho que decir el administrador concursal de la empresa, Eugenio Luque, que se encarga de supervisar la gestión de la misma por encargo del juzgado de lo mercantil número 1 de Málaga.
Según detalla Luque, Antonio Martín tenía hasta el día de ayer 16 empleados, todos ellos temporales, cuyos contratos estaban por finalizar próximamente y a los que se adeudaba una mensualidad. El restaurante, cuyo nombre societario completo es La Moraga AM S.L., es propiedad al 100% de la sociedad Andalusian Gourmet Concept, que a su vez pertenece a los empresarios Luis Ballesteros y Miguel Narváez, según explica el administrador concursal.
El establecimiento, que comenzó su andadura en 2010 con el nombre de La Moraga de Antonio Martín y el cocinero Dani García como principal reclamo y socio, ha atravesado distintas vicisitudes económicas y societarias entre las que estuvo la salida del proyecto del cocinero malagueño hasta desembocar en un proceso concursal el pasado 31 de marzo. Sin embargo, hasta ahora había conseguido mantener sus puertas abiertas al público pese a los impagos acumulados, que se cifran en más de 500.000 euros.
Situación insostenible
El administrador concursal considera que la situación de la compañía era insostenible, pues «la facturación no era suficiente como para sostener los elevados gastos que generan un restaurante de 1.500 metros cuadrados». Los principales acreedores que reclaman deudas a Antonio Martín son la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
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