Un inspector de Urbanismo y un policía local alertaron al principal sospechoso sobre la investigación de la Guardia Civil

«Está el Seprona detrás de todo lo que hay en la sierra y demás... Se van a meter... Han pedido a Urbanismo... Nos han pedido a nosotros... Han pedido un taco de documentación... Ya hablamos». El 2 de julio de 2013, sólo tres meses después de que la Guardia Civil desatara la operación Yedra, que se centra en supuestos delitos de blanqueo y contra la ordenación del territorio, el principal sospechoso, L. A. F. B., ya sabía que lo estaban investigando.

La conversación se reproduce en el informe que dio origen a las detenciones, casi un año después de la filtración. El interlocutor de L. A. F. B. es supuestamente un policía local adscrito al Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona). Una hora y media después, en una segunda llamada, el agente le advierte: «Yo llamaba para que tú sepas que están moviendo... Si tú conoces a alguien de... Que le pegue algún tirito... De lo que estamos viendo».

Según el atestado de la Guardia Civil, no fue el único aviso que recibió. El teléfono de L. A. F. B., pinchado durante un año por los investigadores, recibió otra llamada el 26 de julio de 2013. Esta vez, su interlocutor sería un inspector de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. El mensaje fue el siguiente: «Que te quiero comentar en persona un par de cosas sobre tus amigos del Seprona, que han pedido todos tus expedientes y eso es la primera vez que lo han pedido de nadie». L. A. F. B. le cuenta lo que ya le había dicho el agente municipal, y el funcionario responde: «Yo me enteraré bien y ya te contaré en persona». Para la Guardia Civil, estas filtraciones podrían haber «interferido gravemente» en la investigación, de ahí que los agentes solicitaran la imputación de ambos por supuestos delitos de revelación de secretos.

El informe del Seprona pone el acento especialmente en la figura del inspector de Urbanismo, que tenía una «estrecha relación» con el principal sospechoso. Los guardias civiles que llevan el caso consideran que el funcionario, detenido en el marco de la operación, «asesora, orienta y tramita» a L. A. F. B. asuntos relacionados con el urbanismo.

Según las diligencias del caso, en otra ocasión habría llegado a advertirle de que no solicitara más licencias a su nombre para no dejar rastro y que las pidiera a través de terceras personas, así como que no recogiera más notificaciones procedentes de la Gerencia de Urbanismo para, de este modo, ganar tiempo con los plazos. Los agentes también subrayan que el inspector supuestamente accedió a expedientes a petición de L. A. F. B. y le facilitó información sobre ellos.

Informe de las obras

La investigación también apunta a que el funcionario habría intervenido en una inspección que se iba a realizar en la parcela El Albaricocal a raíz de las denuncias vecinales por los movimientos de tierra que se estaban produciendo. Al parecer, y siempre según las pesquisas del Seprona, el inspector le dijo a L. A. F. B. que había pedido a un compañero que emitiese un informe alegando que las obras se encontraban paralizadas y así «beneficiar» al principal sospechoso.

El compañero en cuestión, también inspector de Urbanismo, es otro de los imputados en el caso. Los agentes del Seprona consideran que habría omitido inspecciones obligatorias y habría «silenciado las irregularidades urbanísticas que se estaban cometiendo».