El PSOE denuncia que la reforma fiscal hará pagar más a 244.000 malagueños

La reforma fiscal sigue provocando reacciones en el ámbito político. El PSOE denunció ayer que unos 244.000 contribuyentes malagueños tendrán que pagar más con la entrada en vigor de la nueva normativa tributaria aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Basándose en los datos de la Agencia Tributaria, el secretario general de los socialistas, Miguel Ángel Heredia, detalló que de los 577.557 declarantes del IRPF en la provincia el 42% -aquellos que cobran anualmente entre 12.500 y 33.000 euros- pagarán más al aumentar el gravamen entre un 0,25% y un 1%. Según sus datos, otro 40% -unos 225.000 malagueños con una renta inferior a 11.200 euros- no notarán ni mejoras ni perjuicios, mientras que sí se beneficiarán de la reforma el 18% (106.270 personas) aquellos con unos ingresos superiores a los 33.000 euros, «los que tienen las rentas más altas».

Heredia expuso que en la provincia se recaudan anualmente unos 2.000 millones de euros y con la reforma fiscal se dejarán de ingresar en Málaga unos 150 millones.

Por ello, el dirigente socialista calificó de «parcheo» esta reforma fiscal porque no afronta un verdadero cambio en la fiscalidad y la tachó de «injusta» porque beneficia a las rentas más altas y perjudica a las clases medias y trabajadoras.

Heredia compareció en rueda de prensa junto al portavoz adjunto del grupo socialista en la comisión de Economía, Antonio Hurtado, quien criticó duramente la reforma fiscal y denunció que en la misma no se lucha contra el fraude. A este respecto, añadió en 2013, por primera vez en los 31 años de historia de la Agencia Tributaria descendió lo recaudado en la lucha contra el fraude fiscal respecto al año anterior.

Los socialistas presentarán hoy en el Congreso de los Diputados una propuesta de retirada de esta normativa y donde plantean una reforma fiscal que oriente a ampliar las bases imponibles, mejorar la equidad, eliminar ineficiencias y distorsiones e incrementar los ingresos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el Estado del Bienestar sin aumentar el esfuerzo fiscal de las rentas bajas y medias.