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Jesús Hinojosa
Martes, 1 de julio 2014, 01:33
La fábrica de cemento de La Araña tramita ante la Junta de Andalucía una nueva autorización ambiental integrada tras caducar a principios de este año la que le fue concedida por la delegación provincial de Consejería de Medio Ambiente en julio de 2007 y que ha sido declarada nula en primera instancia por los juzgados de lo Contencioso Administrativo de la capital, como ayer avanzó SUR. El director de Desarrollo Sostenible de Financiera y Minera, Asier Ochoa de Eribe, explicó que hace un año que se iniciaron los trámites para renovar el permiso y que a principios de éste recibieron un escrito del Gobierno andaluz en el que les requerían nuevos condicionantes para cuyo cumplimiento tienen de plazo hasta el año 2017. No obstante, recalcó que el permiso con el que operan desde 2007 sigue vigente pese a la sentencia del juez, que todavía no es firme y que ha sido recurrida tanto por la Junta como por la cementera.
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Respecto de este fallo, que rechaza los trámites practicados por Medio Ambiente hace siete años, Ochoa de Eribe aseguró que la compañía respeta la sentencia pero no la comparte. «Una empresa como la nuestra no puede permitirse el lujo de hacer las cosas fuera de la ley», resaltó este responsable de la cementera. «Todo está hecho de acuerdo a la legislación vigente, la fábrica es de las más modernas de Europa a nivel técnico y medioambiental», añadió, al tiempo que recordó que las instalaciones se someten periódicamente a la evaluación de auditores y de la Junta.
Control continuo
«La prueba de lo que decimos es que los auditores externos llevan años certificando que cumplimos con todos los parámetros legales. En ningún momento hemos incumplido las normas», insistió Ochoa de Eribe, quien recordó que existe un control continuo para valorar las emisiones que se emiten a la atmósfera desde la torre de la cementera, que da empleo actualmente a unos 150 trabajadores, según apuntó.
Por su parte, el delegado en la provincia de la Consejería de Medio Ambiente, Javier Carnero, resaltó que, según los estudios de que dispone la Administración regional, la fábrica de cemento de La Araña nunca ha incumplido los parámetros legales sobre emisiones, y aseguró que sus responsables «son muy cuidadosos con el cumplimiento de la normativa». Carnero respalda la decisión que en 2007 adoptó la delegación provincial de Medio Ambiente, entonces dirigida por Ignacio Trillo, al otorgar a la fábrica la autorización ambiental integrada, porque se trata de una decisión «basada en unos criterios técnicos», dijo, en la que no caben injerencias.
El juez pide en su fallo que se dé parte a la Fiscalía para que investigue un presunto delito de prevaricación en el permiso que Trillo rubricó en 2007 al hacerlo un mes después de que desde la cementera se le advirtiera por escrito que no podrían cumplir con los límites legales de emisiones a la atmósfera de óxido de nitrógeno hasta finales de 2009, dos años después. Según Carnero, pese a esa advertencia, en realidad la fábrica nunca llegó a superar esos límites, y ello a pesar de que aún no estaba acabada la nueva chimenea.
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