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Jesús Hinojosa
Miércoles, 4 de junio 2014, 10:45
. El caso Raqueta sigue latente en la Casona del Parque. Se conocen nuevos detalles del proceso por el que el Ayuntamiento adjudicó a principios de este año la construcción y explotación de un complejo de pistas de tenis y pádel a una empresa tras descartar a otra que superaba su oferta en 15 puntos y que ha iniciado un proceso judicial para defender sus derechos. Según se desprende de una parte de la documentación del concurso desarrollado por la Gerencia Municipal de Urbanismo para entregar este proyecto a un privado, a la que ha tenido acceso este periódico, en el proceso se produjo una valoración totalmente opuesta entre estamentos del propio Consistorio.
A la hora de analizar el estudio de viabilidad económica de las tres empresas que se presentaron al concurso, el Área de Deportes otorgó la mayor puntuación al de la oferta excluida y que ha presentado el recurso ante los tribunales por ser «un estudio de viabilidad completo, por la totalidad de los años de gestión y con un desglose coherente de ingresos, gastos y amortizaciones», reza su informe. En cambio, para la empresa municipal Promálaga, que analizó las propuestas sin estar ello previsto expresamente en el pliego de condiciones, el estudio económico de esta oferta no se puede valorar por las hipótesis que plantea y la «falta de concreción de datos», pese a que reconoce que ofrece «una gran cantidad» de ellos.
Rechazo inicial
Promálaga se opuso inicialmente a valorar las tres ofertas porque, a su juicio, ninguna ofrecía la información necesaria para ello. A raíz de este primer pronunciamiento, dos de ellas aportaron nueva documentación pero no lo hizo la demandante, cuyo plan económico era el más completo a juicio del Área de Deportes. Recabadas las nuevas justificaciones económicas, Promálaga rechazó la presentada por una de las empresas, la que obtuvo menor puntuación en todos los ámbitos; insistió en que no podía valorar el plan de viabilidad de la demandante porque no había aportado datos nuevos; y avaló la viabilidad económica del proyecto de la finalmente adjudicataria por descarte.
El concejal del PSOE Sergio Brenes comentó que no parece «serio ni riguroso» que, en un proceso de adjudicación de este tipo, a una misma oferta se le dé una alta valoración por parte de un departamento municipal como es Deportes y, al mismo tiempo, otro estamento de la estructura del Consistorio, la empresa Promálaga, opine todo lo contrario. «No tiene sentido. Vamos a esperar a ver toda la documentación del expediente en la comisión de transparencia que se han convocado para el próximo día 11 pero no descartamos pedir una comisión de investigación para ver cómo se ha actuado en todo este proceso, porque hay informes que no nos dan garantía de que se haya hecho correctamente», señaló Brenes.
El edil llamó la atención sobre el hecho de que el pronunciamiento de Promálaga podría haberse producido, según la documentación, con posterioridad a que los informes del Área de Deportes otorgaran la máxima puntuación a la empresa que fue excluida. Además, resaltó el hecho de que Promálaga se negara a evaluar en primer término la oferta de las tres sociedades aspirantes al concurso con el argumento de que no aportaban los datos suficientes y necesarios para ello, pese a que el estudio económico de la propuesta demandante era correcto para Deportes. «Es algo que nos chirría bastante», añadió.
Sin acceso al expediente
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla, también puso el acento en la «descoordinación» de los pronunciamientos del Área de Deportes y Promálaga, y añadió que, si se confirmara que la intervención en el proceso de esta última empresa municipal se produjo con posterioridad a la puntuación de las ofertas, estaríamos ante «un tema muy grave que no está permitido legalmente, puesto que se habría hecho para revertir el resultado a favor de una determinada propuesta». «Los asuntos económicos hay que verlos al principio del proceso de adjudicación de este tipo de concursos y no al final», dijo. Zorrilla criticó igualmente que el equipo de gobierno no les haya facilitado aún el acceso al expediente del concurso al completo. «Si lo tuvieran clarísimo no tendrían que dilatarlo», añadió.
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