Isofotón no pagaba ni los taxis

El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Jerónimo Pérez Casero, se enteró el viernes por una llamada de este periódico de que es uno de los 1.526 acreedores de Isofotón. La empresa fotovoltaica le debe 18.738 euros por los servicios que prestó como agente de aduanas. «Ya ni me acordaba», reconocía. «Debe de ser lo que les quedaba por pagar de una antigua deuda de unos 200.000 euros, que era de los anteriores propietarios», añadía el conocido empresario. La anécdota puede dar idea de hasta dónde se extienden los impagos del primer fabricante español de paneles solares: desde conocidas compañías malagueñas Disofic, AT4 Wireless o Reserva del Higuerón, hasta multinacionales Microsoft o Telefónica, pasando por sociedades y administraciones públicas de países como China, Estados Unidos, Ruanda o Alemania; sin olvidar a sus casi 700 trabajadores. Es cierto que 300 millones de euros en deudas dan para mucho, pero sorprende la variedad de empresas e instituciones que reclaman dinero a Isofotón desde cuatro continentes.

En un proceso concursal de una industria como Isofotón entra dentro de lo habitual que haya bancos (más de una decena), proveedores de materiales, Hacienda, Seguridad Social y trabajadores entre sus acreedores. Pero lo que no es tan común es ver a gobiernos extranjeros, a la CEOE, a una cooperativa de taxistas, al International Herald Tribune, a una farmacia y a un notario. La empresa dirigida por los hermanos Serrano no pagaba el teléfono, el agua, la luz, el material de oficina, el software, los servicios de limpieza ni las máquinas de vending, a juzgar por el listado provisional de acreedores depositado en el juzgado de lo mercantil número 2. De hecho, parecía seguir una dinámica de impago sistemático que no sólo se circunscribe a los meses anteriores a su declaración de concurso, sino que se prolonga años atrás. Así lo confirman varios de sus proveedores locales, que incluso tienen deudas heredadas del propietario anterior, Bergé que, a su vez, reclama a Isofotón más de 13 millones.

Enrique Alcaraz, propietario de la empresa de carretillas elevadoras Intermástil, asegura que los más de 13.000 euros que le debe Isofotón no son una deuda puntual, sino que forma parte de continuos impagos a lo largo de los tres años que lleva alquilándole maquinaria. «Pagaban una parte después de insistir mucho, después se volvían a retrasar... Nunca han pagado en tiempo y forma», asegura. El dueño de otra empresa afectada, que reclama casi 20.000 euros y prefiere no ver publicado su nombre, apunta: «Se dedicaban a comprar sin dinero aprovechándose de la marca Isofotón. Cuando un proveedor se plantaba, se iban a otro. O bien te abonaban una parte a cambio de seguir trabajando para ellos, pero al final acumulabas más deuda todavía». Las perspectivas de cobrar en el proceso concursal son «muy malas», añade.

Pleitos internacionales

Capítulo aparte merecen las reclamaciones internacionales contra Isofotón. La empresa se enorgullecía de su presencia global, y globales son también sus deudas. En el listado de acreedores hay numerosas compañías chinas que le proporcionaban materiales, así como proveedores de silicio de Alemania, Irlanda y Estados Unidos con los que tiene juicios pendientes. El gobierno de Ruanda, país donde Isofotón consiguió un contrato para instalar paneles solares en 300 escuelas rurales, le reclama 1,2 millones de euros; mientras que en Ghana se ha originado todo un escándalo político a raíz de la concesión de otro proyecto de electrificación rural a la firma malagueña. Pero el récord lo tiene el Estado de Ohio, que exige la devolución de los 15 millones que le prestó para la instalación de una planta de paneles solares que iba a dar empleo a veteranos de guerra. La fábrica se llegó a poner en marcha pero se desconoce en qué situación está a día de hoy, ya que además el proyecto de huerto solar para el que iba a suministrar placas fue rechazado por el gobierno local. Por otra parte el accionista minoritario en Isofotón, Toptec, reclama casi 800.000 euros.

Sorprende asimismo la cantidad de instituciones públicas afectadas por esta gigantesca suspensión de pagos. La que se lleva la palma es la Junta de Andalucía, el mayor acreedor de Isofotón con más de 44 millones de euros. Pero entre sus reclamantes también figuran el Ministerio de Industria, Hacienda, la Seguridad Social, la Diputación, cuatro universidades (entre ellas la de Málaga), un hospital de Asturias, Adif, Emasa, el Registro de la Propiedad y el PTA. Otro colectivo ampliamente representado en el listado de acreedores de Isofotón es el de la abogacía y la consultoría, con firmas como Garrigues, PricewaterhouseCoopers o Cuatrecasas.