La plantilla de Limasa colapsará los juzgados para exigir atrasos ganados en los tribunales

Los trabajadores de Limasa se mantienen firmes en el conflicto que arrastran con la empresa y el Ayuntamiento a la hora de ponerle números a los atrasos que deben percibir los 1.800 trabajadores de la empresa de limpieza como consecuencia de las dos últimas sentencias judiciales (una del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ya es firme, y otra del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga que ha sido recurrida por la entidad) que dictaminan que el único convenio vigente es el de 2010-2012, previo a los recortes.

En un contexto marcado por la municipalización del servicio propuesta por el alcalde, Francisco de la Torre, la plantilla no contempla la posibilidad de ir a la huelga, pero sí que tiene previsto hacer ruido echándose a la calle para defender lo que consideran suyo mediante concentraciones, acciones de protesta y alguna manifestación. Pero, sobre todo, presentando un aluvión de demandas individuales en los juzgados convencidos de que, con las sentencias anteriores en la mano, la compañía debe abonarles una media de diez mil euros en concepto de atrasos, muy lejos de los mil que les ingresó la empresa a comienzos de mes. En un intento de zanjar el asunto, la empresa movió ficha el pasado viernes primero en un encuentro con los sindicatos y luego enviando una nota informativa a la plantilla en la que aseguraba estar dispuesta a llegar a los 8.000 euros, aunque la propuesta ha sido rechazada.

Ésa es la hoja de ruta que los trabajadores acordaron este domingo seguir en una asamblea informativa celebrada en la sede de Limasa en Los Ruices. «Ahora es el momento de los trabajadores. Y hay que moverse para reclamar lo que es nuestro», advirtió a los asistentes el presidente del comité, Manuel Belmonte, recordando que están en su derecho. «Protestan los policías y guardias civiles, los bomberos, los taxistas y ahora hasta los hosteleros», exclamó el dirigente sindical, quien acusó a empresa y equipo de gobierno del PP de «estar en la mentira» durante las conversaciones que se vienen manteniendo para intentar acercar posturas.

«Ya empiezan a reconocer lo que nos deben, pero pretenden dejar como variables más de 2.800 euros que los juzgados dicen que son nuestros. En un intento de llegar a un acuerdo hemos ofrecido mil euros ligados a esa productividad, pero no lo aceptan», explicó Belmonte, quien respecto a la posibilidad de que estas discrepancias puedan frenar el procedimiento para municipalizar la limpieza viaria y la recogida de residuos aseguró que «primero hay que cerrar los atrasos y a partir de ahí, luego se hablará de lo demás».

Ambos fallos judiciales tumban las pretensiones de la entidad de consolidar los recortes aplicados a la plantilla durante la crisis (salario, vacaciones repartidas durante todo el año, dejar de descansar todos los fines de semana o la imposibilidad de trabajar los festivos) que fueron pactados entre 2012 y 2013 para desconvocar hasta tres convocatorias de huelga. Como consecuencia de ello, los representantes de los trabajadores consideran que cada empleado debe percibir en torno a diez mil euros, frente a los mil que, de media, les abonó la empresa a comienzos de este mes de noviembre.

Con este pago de 2,8 millones la compañía defendía que se ponía al día con los trabajadores, algo que parece haber rectificado con la nueva propuesta planteada. En ese primer abono se aplicó una actualización de la paga de productividad del periodo 2014-2017 a razón de 867 euros por anualidad, pero descontando 637 anticipados en 2016 y 2017. Del mismo modo, se incluyen tres pagos de 276 euros por la paga de septiembre de los ejercicios 2015, 2016 y 2017; además de los 68 euros de la ayuda de diciembre (equivalente a la cesta de Navidad) de los últimos cuatro años. Descontado el IRPF, unos mil euros.

Una interpretación de la sentencia que se quedaba a años luz de la que hacen los sindicatos. En materia salarial, reclaman una subida del 1,5% a aplicar desde 2013, ya que el convenio recogía un incremento del 2% aunque para desconvocar la huelga en febrero de 2012 se pactó dejarlo en un 0,5%. Igualmente, también piden la recuperación íntegra de la paga de productividad (han venido cobrando una parte). En total, el montante que exigen rondaría los diez mil euros por trabajador sólo en estos conceptos. Pero hay más, ya que también entienden que la empresa debe compensar a la plantilla por el ahorro obtenido en los últimos años por otras modificaciones del convenio como fueron la eliminación de los descansos los fines de semana, el reparto de las vacaciones durante todo el año en lugar de concentrarlas en verano (ambos ya recuperados este año) o la imposibilidad de trabajar los festivos, que se pagan a 140 euros.