Nicolas Sarkozy será juzgado por la financiación ilegal de su campaña de 2012

El escándalo de las facturas falsas se remonta a la última campaña presidencial de Sarkozy, con la que quiso revalidar su cargo pero que finalmente perdió ante el socialista François Hollande. Una investigación judicial detectó que el candidato a la reelección había sobrepasado en más de 20 millones los gastos de la campaña, delito por el que podría enfrentarse en su país a una pena de un año de cárcel y 3.750 euros de multa.

Inculpado en 2016, el expresidente ha intentado sortear a la justicia a base de recursos durante los últimos dos años y medio, aunque sus esfuerzos han sido finalmente en vano. Este martes, el Supremo francés cerraba la puerta al amparo, por lo que Sarkozy podrá ser juzgado en 2020 junto a otros 13 acusados en el conocido como 'caso Bygmalion'.

Francia cuenta con una restrictiva legislación sobre financiación electoral, y el expresidente ya fue sancionado en 2013 por el órgano encargado de revisar las cuentas de la campaña -el denominado Consejo Constitucional-, aunque entonces solo se consiguió probar un exceso de gasto de 365.615 euros, dinero que tuvo que devolver junto a los 12 millones de euros de subvención pública. Al año siguiente, sin embargo, se desveló un amplio y complejo sistema que, al parecer, se había utilizado para esconder las facturas y que había sido organizado a través de la agencia de comunicación Bygmalion.

La empresa, en lugar de facturar los actos realizados a la campaña del candidato, mandaba los recibos al partido del entonces presidente, la UMP (hoy convertida en Los Republicanos), lo que permitió que Sarkozy gastara casi el doble de lo que tenía permitido. Pese a todo, perdió las elecciones.

La retirada de la política del que fue líder conservador está resultando bastante accidentada. Las investigaciones por presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 por el régimen libio -actuación por la que ya fue imputado en marzo de 2018- desembocaron, de forma accidental, en un nuevo caso de corrupción.

Estando su teléfono pinchado por orden judicial para indagar sobre la posible trama libia, los investigadores pudieron escuchar al expresidente tratar con su abogado sobre cómo conseguir información secreta de otro caso, que investigaba si la rica heredera de L'Oréal, Liliane Bettencourt, había financiado su campaña de 2012. El expresidente quería ofrecer un puesto prestigioso en Mónaco al magistrado Gilbert Azibert a cambio de la información. Los tres serán juzgados por corrupción y tráfico de influencias.