Boris Johnson teme un revés en el Supremo

La promesa del primer ministro de acatar la sentencia fue calificada como «innecesaria» en el curso de la última vista del juicio, y en las deliberaciones entre jueces y abogados en el final de los argumentos que se han expuesto durante tres días se ha barajado la posibilidad de que Johnson no tenga ningún papel si el Parlamento ha de reunirse de nuevo.

David Pannick, abogado de la activista Gina Miller, que ya logró en diciembre de 2017 que el Supremo forzase al Gobierno de Theresa May a que sometiera al Parlamento la iniciación del proceso de marcha de la Unión Europea (UE), confirmó en su exposición final el acuerdo de las partes en pedir a los jueces que emitan una 'declaración' sobre la legalidad o ilegalidad de dicha suspensión.

Varios magistrados entablaron un diálogo con el abogado sobre qué debe ocurrir tras su publicación y si ellos deben añadir alguna instrucción. Pannick es partidario de que se limiten a la declaración. Según su especulación, los presidentes de las cámaras de los Comunes y de los Lores podrían tomar la iniciativa y convocar de nuevo a sus miembros con una decisión que no provocaría rechazo legal. Johnson y los abogados del Gobierno barajan otras posibilidades tras haber perdido la certeza de que ganarán el caso en el Supremo. El más alto tribunal escocés declaró ilegal la suspensión, el de Inglaterra y Gales dio la razón al Gobierno. El Supremo tiene que casar la doctrina, y la evolución de las tres jornadas ha sembrado dudas sobre la dirección que emprenderá la mayoría del tribunal.

La última jornada tuvo intervenciones extraordinarias y lamentables. Pannick confirmó su reputación construyendo su argumento sobre la base de los utilizados por los abogados del Gobierno, convirtiéndolos en favorables a su demanda, y citando sentencias anteriores de jueces que parecían dubitativos para recordarles la necesidad de coherencia.

El Gobierno autonómico de Gales contrató a un gran experto en la doctrina de la revisión judicial de decisiones basadas en prerrogativas de las instituciones del Estado. Michael Fordham avanzó sobre la evolución contemporánea de la revisión judicial -que causa ampollas en los defensores de una más estricta separación de poderes- y concluyó que si no se aplica a este caso no puede aplicarse a ninguno.

El corazón argumental es si los tribunales pueden intervenir para limitar el ámbito de las decisiones del primer ministro cuando intenta coartar el escrutinio de su gestión por un órgano superior, el Parlamento, o la maniobra de Johnson suspendiendo el Parlamento durante cinco semanas en el momento decisivo de la gestión del 'brexit' pertenece a la esfera de la política y no a la de los jueces.

El norirlandés Raymond McCord reclama que se declare ilegal la marcha de la UE sin acuerdo, por ser contraria al Acuerdo de Viernes Santo. Su abogado comenzó su argumento. La presidenta del Supremo, lady Hale, le interrumpió. Lo que decía no tiene que ver con este caso. El letrado insistió. Lord Wilson le apremió a sentarse: «No abuse de nuestra cortesía ni de la paciencia de lady Hale».