Los británicos pagan el precio del Brexit

Se cumple un mes desde que Reino Unido soltara amarras definitivamente de la Unión Europea, y los efectos del Brexit han dejado de ser una entelequia para convertirse en una incómoda realidad que los británicos están ya sintiendo en su día a día y en sus bolsillos. Productos más caros, contenedores pudriéndose en los puertos, cargos desorbitados al realizar compras por internet, retrasos en la cadena de suministros y, sobre todo, montañas de burocracia que han enterrado a multitud de pequeñas y medianas empresas como la de Spurrell.

«Para exportar a la UE ahora necesitamos el EHC, un certificado sanitario que emiten los veterinarios y que cuesta 180 libras. Pensábamos que solo habría que añadirlo en la venta mayorista pero, para nuestra sorpresa, también lo exigen para las ventas minoristas», denuncia el propietario de Chesire Cheese Company. ¿Qué supone esto en la práctica? Pues que si su empresa vende a un alemán o a un francés por internet un queso que vale 4,99 libras, para poder enviarlo tendrá que adjuntar ese documento sanitario, lo que hace la venta inviable. Desde Macclesfield, en el condado de Chesire, Spurrell explica por teléfono que la única solución que le han ofrecido los funcionarios del Ministerio de Agricultura es la de crear un centro logístico en Europa.

La promesa de Boris Johnson y los partidarios del Brexit de acabar con la burocracia europea y atraer inversión una vez que Reino Unido volara libre no se ha materializado, más bien todo lo contrario. «La tragedia -y lo absurdo- de la situación», afirmaba la semana pasada en un editorial el diario 'The Guardian', es que la única burocracia que no quiere ver el primer ministro es la que «ha impuesto él mismo».

Lo saben bien en uno de los sectores que más se movilizó a favor del Brexit y que ahora ha despertado en la cruda realidad de sus consecuencias: la pesca. Los retrasos en las aduanas se han convertido en la pesadilla de los exportadores de pescado y marisco, que la semana pasada se manifestaron en el centro de Londres con sus camiones frigoríficos. Cansados de esperar, muchos compradores europeos están buscando pescado en otra parte. Los pescadores se sienten ahora traicionados por su gobierno y muchos se arrepienten de haber apoyado la desconexión.

La «traición» ha llegado incluso a uno de los símbolos nacionales, el 'fish and chips'. El 'Kirkella', el barco que captura alrededor del 10% del pescado que se vende en estos tradicionales locales de comida rápida, lleva amarrado desde primeros de diciembre en Hull porque su zona de pesca está en aguas noruegas, y Reino Unido no ha negociado un acuerdo post-Brexit con este país extracomunitario. Las 700 toneladas que captura en cada viaje se están ahora sustituyendo por importaciones de Islandia y Noruega. Su primer oficial, Charlie Waddy, que votó a favor del Brexit, ha cambiado ahora de opinión y ha reconocido en 'The Times' que, en realidad, «fue la decisión equivocada».

Los productores de carne se están encontrando con el mismo problema. La complejidad del papeleo y los retrasos en las fronteras han provocado pérdidas millonarias. «Cada hora que un camión con una carga de carne se retrasa», denuncia la principal asociación sectorial, los pedidos pierden valor, se cancelan o acaban en el vertedero. Es lo que le ha ocurrido a Tony Hale, que ha tenido que destruir cinco contenedores de carne que se pudrieron en la aduana de Rotterdam por los retrasos. Según contó a la BBC, tampoco podían mandarlos de vuelta a Reino Unido porque «no tenían los documentos necesarios para hacerlo».

Pero todo es incluso susceptible de empeorar a partir del verano, cuando se acabe la moratoria de seis meses impuesta por el Gobierno británico, y las aduanas del país empiecen a pedir el mismo certificado sanitario para las importaciones de productos frescos que ahora exige la UE. «La solución que ofrecen es la reciprocidad, el 'vamos a hacérselo también a ellos', pero en lo que se traduce es en que vamos a tener menos libertad de elección y productos más caros», denuncia el fabricante de quesos Spurrell.

En el caso de Irlanda del Norte, donde algunos supermercados han registrado desabastecimientos en las primeras semanas tras el divorcio, la situación es aún más compleja. El acuerdo del Brexit mantiene a este territorio británico dentro del mercado común y crea una suerte de aduana con el resto de Gran Bretaña.

El protocolo ha generado paradojas como la que se han encontrado los pescadores del lago Neagh, el más grande de Irlanda del Norte: sus famosas anguilas no se pueden ya vender en el resto del país porque la UE considera que están amenazadas y ha prohibido su exportación a países terceros. Además, a partir de marzo, mandar carne o queso de Manchester a Belfast, por ejemplo, requerirá el mismo certificado sanitario que si se envía a Madrid.

Pero no solo las empresas han empezado a sufrir las consecuencias del Brexit. Muchos consumidores británicos ya sienten en la cartera lo que significa no pertenecer al mercado común. Desde el inicio de la pandemia, Helen Kara ha descubierto una nueva afición para luchar contra las largas y aburridas noches de confinamiento: los puzles. «Es una actividad que me relaja», explica por teléfono desde su casa de Uttoxeter, en el corazón de las Midlands inglesas. Sin embargo, la web que le ha suministrado los rompecabezas desde la pasada primavera, radicada en Francia, advierte ahora que, «debido a la incertidumbre relacionada con el Brexit», no aceptan, por el momento, nuevos pedidos desde el otro lado del Canal de la Mancha.

No es la primera experiencia desagradable con la que se topa desde enero. Hace dos semanas, la empresa de transportes UPS le reclamó 92 libras (103 euros) para poder entregarle unas sábanas que había comprado el 30 de diciembre en una página web con dominio británico -como la de los puzles-, pero cuya empresa está radicada en Alemania. El desglose de la cantidad, que equivalía a un tercio de lo que había costado la compra, incluía el impuesto de importación, una tasa administrativa y la recaudación del IVA británico. «En ningún sitio del email que recibí con la compra se especificaba que no fuera una empresa británica», se queja Kara.

Las redes sociales están llenas de quejas de compradores que, como esta investigadora, se han topado con la dura realidad del Brexit a golpe de click. Pierre, un francés afincado en Londres desde hace años, gastó a principios de enero 180 libras en una web de ropa infantil gala, donde ya había comprado antes prendas para sus hijos. Esta vez UPS le pedía 97 libras por el IVA y el impuesto de importación. Decidió devolver la compra. «Pensaba que el acuerdo aduanero que se alcanzó en Navidad cubriría todo esto, pero resulta que no. Te hace preguntarte qué es lo que hay realmente en el acuerdo», explica por teléfono.

Efectivamente, el pacto alcanzado in extremis entre Reino Unido y la UE en diciembre evita los aranceles y las cuotas. Pero los británicos tienen que pagar ahora un impuesto de importación que, dependiendo del producto, puede ascender hasta el 25% de su valor, y que se aplica a todas las compras realizadas fuera de su país por valor superior a 135 libras. Y no solo a las compras, también a los envíos de efectos personales e incluso a los regalos que cuesten más de 39 libras. Todas esas importaciones están ahora sujetas además al Impuesto de Valor Añadido británico, con los que los consumidores se encuentran con que a veces pagan este impuesto doblemente, tanto en el lugar de origen de la mercancía como en el de destino.

«Es todo un disparate», se lamenta Helen Kara. «Nunca hubo un plan para el Brexit, y ahora lo estamos viendo».