Londres amenaza a la UE con derogar parte del Acuerdo de Retirada

Los cambios británicos sustituirían el actual sistema de controles de bienes procedentes de Gran Bretaña por dos canales fronterizos, verde y rojo, que facilitarían el libre paso de aquellos que se quedan en Irlanda del Norte o requerirían inspecciones y documentación aduaneras a los que atravesarían la región para entrar en el sur de Irlanda.

Eliminaría la obligación de respetar las regulaciones comunitarias en la producción local de bienes e introduciría un sistema dual, con los empresarios eligiendo reglas comunitarias o británicas. Derogaría restricciones para variar el IVA europeo en la región y englobaría en el Tratado de Comercio y Cooperación la coordinación para el control de subvenciones a la industria, sacándola del Protocolo.

El Gobierno británico demanda también que las posibles disputas en torno al régimen que regula la pertenencia simultánea de Irlanda del Norte al mercado común y al británico sean decididas por un panel de arbitraje, como en el caso del Tratado, y no por el Tribunal de Justicia de la UE, como se dice en un Acuerdo cuya firma fue celebrada hace dos años por el primer ministro, Boris Johnson.

El negociador de la Comisión, Maroš Šefčovič, respondió al anuncio de Londres lamentando que no se hayan explorado sus propuestas para mitigar los problemas en la implementación de las reglas, y advirtió de que, si el Reino Unido «avanza hacia un proyecto de ley para no aplicar elementos constitutivos del Protocolo,... la UE deberá responder con todas las medidas de las que dispone».

Truss argumentó en el Parlamento que, en sus seis meses de negociación con Šefčovič, y los doce de su predecesor, David Frost, la UE no ha aceptado en ningún momento cambiar el Protocolo, refrendado por los parlamentos europeo y británico. La declaración de la ministra reproduce una propuesta de Frost, el año pasado, que ya fue interpretada como el desafío a una guerra comercial.

El tono del Gobierno británico es diferente tras la marcha de Frost, pero los argumentos han variado porque a los problemas económicos se añade ahora el colapso de las instituciones autonómicas. El mayor partido unionista, DUP, el único con tamaño significativo que favoreció el 'brexit' en la provincia, no volverá a la autonomía compartida sin que se eliminen al menos cinco artículos del Protocolo, según su programa electoral.

O eso parece. Su líder, sir Jeffrey Donaldson, dijo el lunes, tras un encuentro con Johnson, que no aceptará simples promesas antes de regresar a la Asamblea de Belfast, sino la promulgación de la ley, que podría retrasarse un año. En su saludo a la declaración de Truss, Donaldson dijo este martes que espera «ver el progreso del proyecto de ley en días y semanas, no meses». La falta de precisión de las palabras de Donaldson es frecuente en esta crisis.

Correligionarios conservadores, como Simon Hoare, presidente del comité parlamentario para asuntos norirlandeses, consideran «extraordinario» que su Gobierno vaya a quebrar una ley internacional. Johnson y Truss se amparan en el Artículo 1 del Protocolo. Se describe como una ley «sin perjuicio de las provisiones del Acuerdo de Viernes Santo de 1998». Ellos abogan ahora que es necesario actuar para salvar las instituciones del acuerdo de paz