La agencia de la ONU para los refugiados palestinos deja de operar en Israel tras 75 años

El enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, visitó la Franja y se entrevistó con Benjamín Netanyahu, quien viajará a la Casa Blanca la próxima semana. La presencia de Witkoff mostró que Estados Unidos sigue muy de cerca la evolución del pacto entre Hamás e Israel.

La primera fase del acuerdo de alto el fuego avanza y Hamás pondrá en libertad a dos civiles israelíes, Arbel Yehud, de 29 años, y Gadi Mozes, de 80, y a la mujer soldado Agam Berfer, de 19. Junto a los tres israelíes saldrán también de la Franja cinco civiles tailandeses, todos ellos trabajadores de las comunidades agrícolas que rodean Gaza, secuestrados el 7 de octubre. Los islamistas entregaron la lista con los nombres a Israel, que procedió a informar a las familias y pronto deberá anunciar la relación de presos que sacará de la cárcel. El sábado se volverá a vivir una nueva jornada de intercambio.

La liberación de los rehenes es la prioridad de Israel, mientras que para Hamás uno de los puntos clave de esta primera fase era el regreso de los civiles al norte. Más de 500.000 personas han retornado y lo que han encontrado en la mayoría de casos es la destrucción absoluta de barrios enteros que no llegan a reconocer.

En este momento de máxima necesidad para los dos millones de habitantes de la Franja entra en vigor la ley aprobada en octubre por el Parlamento de Israel contra el trabajo de UNRWA. La ley prohíbe las actividades de la agencia en Israel y Jerusalén Este, zona de la ciudad santa ocupada desde 1967, y cualquier tipo de relación entre las instituciones hebreas y una agencia de la ONU a la que acusan de colaborar con Hamás y califican de «organización terrorista». Desde el punto de vista técnico, esta norma no prohíbe el trabajo de la agencia en Gaza y Cisjordania. Pero a nivel práctico lo hace ya que el gran problema es que se trata de territorios ocupados en los que el acceso y los movimientos dependen de la coordinación con las fuerzas de ocupación israelíes.

Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, condenó la decisión de la Knesset y la calificó de «inaceptable» y de «provocación» al pueblo palestino. Abu Rudeineh acusó a los israelíes de intentar suprimir el «derecho al retorno» de los palestinos y «liquidar» la cuestión de los refugiados.

La presión de la comunidad internacional no tuvo efecto en Israel, que obtuvo el apoyo incondicional de Estados Unidos. Dorothy Shea, encargada de negocios interina de EE UU para la ONU, declaró ante el Consejo de Seguridad que Washington «apoya la implementación» de la ley. En opinión de Shea «que UNRWA exagere los efectos de las leyes y sugiera que obligarán a detener toda la respuesta humanitaria es irresponsable y peligroso. Lo que se necesita es un debate matizado sobre cómo podemos garantizar que no se interrumpa la entrega de ayuda humanitaria y suministros esenciales». Para la representante norteamericana ante Naciones Unidas, UNRWA no es «la única opción para proporcionar asistencia humanitaria en Gaza» y acusó a la agencia de «vínculos terroristas».

Ni Israel, ni EE UU han puesto sobre la mesa de momento una alternativa al trabajo que desempeña la agencia, la organización más importante sobre el terreno en la Franja. El golpe a UNRWA puede ser doble porque los estadounidenses son su principal financiador y, como ya hicieron en el primer mandato de Trump, pronto pueden cortar sus donaciones a una agencia con 75 años de historia que es clave en los sectores de la educación y sanidad de los refugiados.