Londres endurece el pulso con la UE por la reforma del Protocolo de Irlanda

El secretario de Estado del Gobierno británico para las relaciones con la Unión Europea, David Frost, pidió desde Lisboa que los países de la UE analicen con detalle su propuesta de un nuevo Protocolo sobre Irlanda del Norte, de tal modo que «podamos superar las dificultades del pasado año y avanzar hacia un equilibro nuevo y mejor». Eligió la capital portuguesa para un discurso en el que no desveló más detalles que los contenidos en su documento de julio sobre la ley que ha elaborado, como borrador de un nuevo protocolo. Lo pronunció en la víspera de la publicación por la Comisión Europea de sus propuestas y se expresó en un tono más conciliador que el que ha cultivado en las últimas semanas.

El negociador británico prometió que estudiará las ideas de Bruselas «con seriedad, atención plena y talante positivo» porque la opción preferida de Londres «es el consenso». Enfoca así la política inmediata del Ejecutivo hacia una negociación, esperando que el unionismo radical norirlandés no provoque el colapso del Gobierno autonómico este mismo mes, como había anunciado antes.

Pero las áreas de negociación son complejas. Quizá la más sencilla sea la disminución drástica de controles aduaneros entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte de los bienes no sometidos a requisitos fitosanitarios. Son necesarios para preservar la integridad del mercado único europeo, al que la provincia irlandesa sigue perteneciendo al mismo tiempo que permanece en el británico. El nuevo protocolo de Londres los sustituye por un sistema de 'label' (etiquetas) según su destino, el registro de comerciantes asiduos y reconocidos y la vigilancia de mercados. Quienes conocen las propuestas de Bruselas afirman que sugiere un sistema de canal rojo o verde para distinguir mercancías que parten de Gran Bretaña con destino a la república de Irlanda y las que se quedan en la provincia.

Cambiar la coordinación del control de subsidios plantea más problemas, aunque el obstáculo que parece del todo insalvable es la inflexibilidad de la UE respecto a la jurisdicción exclusiva de su Tribunal de Justicia sobre dicho Protocolo. El Gobierno británico quiere eliminarla para establecer un sistema internacional de arbitraje, como el que gobierna el Tratado de Cooperación y Comercio. «No se trata únicamente del tribunal en sí mismo. Es el sistema mismo del que el tribunal es su vértice y por el que se aplican en Irlanda del Norte leyes sin ningún tipo de escrutinio democrático o de discusión», subrayó.

Frost reconoció que la crispación de las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea tras el 'brexit' se basa en la falta de confianza, y puntualizó que, según él, es responsabilidad de las dos partes. «No siempre parece que la UE quiera que tengamos éxito», dijo, al tiempo que le reprochó que no tenga en cuenta los delicados equilibrios de la política noirlandesa.

Un tribunal de Belfast falló el lunes, sin embargo, que el Partido Democrático Unionista (DUP) quiebra la ley que reflejó el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 boicoteando las reuniones entre los gobiernos de Irlanda del Norte y de Irlanda del sur porque Dublín apoya el Protocolo. Los partidos probritánicos en la región han firmado una declaración que lo rechaza y exigen a Frost su abolición.

El negociador comunitario, Michel Barnier, identificó muy pronto la frontera en Irlanda como un asunto central del 'brexit'. Lo incluyó, junto al dinero y los residentes, en el Acuerdo de Retirada, que debía firmarse antes del tratado comercial. Frost alega que se vieron forzados a firmar un Protocolo «arriesgado». Boris Johnson le habría ordenado que lo aceptase.

En este sentido, diferentes ccomentaristas escépticos sobre la posibilidad de un acuerdo en las próximas semanas creen que remontar ahora el río para modificar el orden de aquella negociación puede desembocar en una quiebra también del tratado que permite el comercio sin aranceles ni cuotas.