La jefa del Gobierno escocés apuesta por su hoja de ruta del referéndum

La también líder del Partido Nacional Escocés (SNP) está decidida a convertir en un examen en torno al derecho de autodeterminación la campaña y las elecciones autonómicas, previstas para el 6 de mayo. Una victoria de las fuerzas independentistas daría luz verde a la ratificación en el Parlamento de Holyrood del proyecto de ley pendiente en la materia, que incluiría la fecha, la cuestión a imprimir en las papeletas y otros pormenores prácticos. «Quiero tener un referéndum legal y, por tanto, voy a solicitar en mayo la autoridad del pueblo escocés», recalcó.

El SNP interpretará un triunfo en las urnas, que auguran todos los sondeos de opinión, como el aval popular para convocar un «plebiscito legal y ofrecer al electorado el derecho a decidir». «Eso es democracia», enfatizó la dirigente nacionalista. Sturgeon insiste aún en su preferencia de alcanzar un acuerdo con Johnson sobre el proceso y los términos de la segunda consulta soberanista en más de seis años. Pero su 'plan B' para el llamado 'indiRef2', anunciado este fin de semana, recoge por primera vez la intención de seguir adelante sin la autorización del gobierno central, cediendo en la Administración central la responsabilidad u oportunidad de recurrir a los tribunales de justicia para frenar el proceso.

Las cuestiones constitucionales son materias «reservadas» del Parlamento de Westminster desde la creación del sistema autonómico, en 1997. Pero la Ley (británica) de Escocia -equivalente a un estatuto de autonomía- permite traspasar temporalmente competencias mediante la aprobación de una orden de la Sección 30 de dicha legislación. Fue la vía que siguieron el primer ministro británico, David Cameron, y el ministro principal escocés, Alex Salmond, en la negociación consensuada del plebiscito de 2014. La anterior primera ministra, Theresa May, rechazó emitir la orden en 2017, al inicio de las negociaciones del 'brexit', porque, según justificó, «ahora no es el momento». Johnson considera conveniente esperar una generación antes de proceder con otro «divisorio referéndum»·.

Un grupo extendido de políticos, activistas y juristas escoceses sostiene que el Parlamento de Edimburgo tiene autoridad suficiente para convocar un referéndum. O al menos están decididos a llevar la polémica a los tribunales. De hecho, la cuestión se acaba de plantear en la corte civil de Edimburgo en una sesión de dos jornadas, que concluyó el pasado viernes con la garantía emitida por la jueza, Lady Ailsa Carmichael, de que no se demorará en dictar su sentencia.

El caso lo interpuso Martin Keatings, veterano activista de la campaña del Sí a la independencia del referéndum de 2014, candidato en las próximas autonómicas y «votante escocés», según resaltó el abogado que le representa en la vista, Aidan O´Neill. Cofundador de Forward as One (Avanzamos unidos), colectivo que promueve la celebración lo antes posible del Indyref2, Keatings ha recaudado más de 225.000 euros para costear la acción judicial a través de una petición electrónica.

¿Tiene el Parlamento de Escocia poder para convocar un referéndum independentista sin el consentimiento previo del Gobierno del Reino Unido y sin modificar la Ley de Escocia? Son las cuestiones que se abordaron ante la jueza en un duro duelo centrado en Derecho constitucional, desde el Tratado de la Unión de Inglaterra y Escocia, de 1707, a la independencia de Irlanda de 1922 y el 'brexit', entre otros hitos históricos y contemporáneos.

La batalla enfrenta al activista independentista con el representante legal en Escocia del Gobierno del Reino Unido y el abogado del Ejecutivo escocés. O´Neill defendió que obtener una respuesta al dilema es «absolutamente necesario a fin de informar a los votantes ante las inminentes elecciones» autonómicas. Sus oponentes coincidieron en que es un planteamiento «abstracto», «académico», improcedente e inoportuno en tanto que no hay sobre la mesa un proyecto de ley del referéndum. El abogado del Gobierno central enfatizó, además, que, en cualquier caso, el Tribunal Supremo del Reino Unido sería el foro apropiado para dirimir el crucial asunto. El plan B de Sturgeon acerca esta posibilidad.