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La declaraciones de Donald Trump funcionan como una onda expansiva. El reciente discurso en el Congreso del nuevo presidente de EE UU ha tenido eco ... en el resto del mundo, incluida Groenlandia. El magnate insistió en que esta isla será propiedad estadounidense «de una forma u otra». Sonó como si dijera: 'O por las buenas o por las malas'. Y, de nuevo, el primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, le ha respondido que los 58.000 habitantes de este territorio autónomo de Dinamarca «no desean ser ni daneses ni estadounidenses». Aspiran a decidir su futuro y a ser independientes. «No estamos en venta y nadie nos puede arrebatar lo que tenemos. Nuestro futuro lo determinamos nosotros», añadió. En su contra juegan los intereses económicos y estratégicos (rutas comerciales) de las grandes potencias, que quieren explotar las riquezas minerales y el petróleo de este enorme enclave.
También el Gobierno de Dinamarca reaccionó a la declaración colonialista de Trump. «Eso no sucederá», replicó el ministro de Defensa danés, Trouls Lund Poulsen, al medio público DR, en relación a la supuesta anexión de la isla por parte de Washingon. «La dirección que Groenlandia vaya tomar será decidida por los groenlandeses», subrayó. La mayor isla del Ártico pertenece a la Corona de Dinamarca pero cuenta con un gobierno autónomo con múltiples competencias. Y Dinamarca es miembro de la Unión Europea, que ve cómo sus relaciones con EE UU se deterioran día a día.
En su discurso ante el Congreso estadounidense, Trump volvió a poner sobre la mesa su ambición expansionista sobre Groenlandia. «Lo necesitamos realmente para la seguridad mundial internacional (...) y creo que lo vamos a conseguir. De una forma u otra vamos a conseguirlo», dijo el republicano. Ofreció seguridad a los ciudadanos de la isla. «Los mantendremos a salvo, los haremos ricos y, juntos, llevaremos a Groenlandia a niveles que nunca imaginaron posibles», prometió.
El territorio autónomo danés tiene previsto celebrar elecciones legislativas el 11 de marzo. El Parlamento de Groenlandia, preocupado por posibles injerencias extranjeras en los comicios, aprobó el 4 de febrero una ley que prohíbe que los partidos políticos reciban donaciones anónimas o extranjeras.
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