Trump imputado por conspirar para cometer fraude electoral

Los cuatro nuevos cargos que enfrenta por obstrucción y conspiración para defraudar al gobierno de EEUU son, con diferencia, los cargos más serios que enfrenta el magnate. El fiscal especial Jack Smith, que ha presentado el caso durante meses ante un Gran Jurado de Washington DC, instó ayer a todos los estadounidenses a leer las 45 páginas en las que se detallan los hechos de los que se le acusa. Son una lectura histórica, la autopsia de una conspiración para alterar el curso de la democracia estadounidense y la radiografía de una mentira que muchos aún creen.

«¿Por qué ha tardado 2.5 años? ¿Por qué ha tardado tanto? Porque querían sacarlo en medio de mi campaña», bramó Trump en la plataforma social de Truth Media que ha creado. El fiscal general Merrick Garland, que nombró a Smith para preservar la integridad de la investigación con un fiscal independiente, coincide en que se trata de una de las «mayores investigación en la historia de EEUU», elaborada a cámara lenta para atar cuidadosamente todos los cabos de cargos muy serios sin precedentes en la historia del país. Trump tendrá que acudir por tercera vez desde abril a los tribunales, esta vez en Washington DC, para que la jueza Moxila Upadhyaya le lea los cuatro cargos y tome declaración.

Nunca en la era de los «fakes news» que encarna, una teoría de la conspiración había sufrido un cañonazo semejante. Le acompañan en esta batalla seis cómplices, calificados de co-conspiradores en la imputación, que no les pone nombres pero indica que son cuatro abogados, un alto funcionario del Departamento de Justicia y un consultor político «que le ayudó a implementar un plan para enviar falsos electores presidenciales que obstruyeran el proceso de certificación».

Es fácil ver al ex alcalde Rudy Giuliani detrás del abogados «dispuesto a difundir conscientemente falsas acusaciones y a perseguir estrategias que no se atrevieron los abogados de la campaña de reelección 2020 del acusado». El segundo parece ser John Eastman, «un abogado que ideó e intentó implementar una estrategia para aprovechar el papel ceremonial del vicepresidente en la supervisión del proceso de certificación de los resultados electorales para obstaculizarla».

Trump y sus acólitos elevaron a los tribunales y a los medios de comunicación falsas acusaciones sobre corrupción y fraude electoral que han cercenado sin remedio la credibilidad del proceso democrático. En realidad fue el propio Trump quien «conspiró para privar a los votantes de sus derechos», dijo ayer el fiscal. Mentiras que costaron vidas, porque la insurrección del 6 de enero en la que miles de sus seguidores intentaron tomar el Capitolio, como último recurso para impedir la certificación de los resultados electorales, «estuvo alimentada por mentiras, difundidas por el acusado para obstruir la función del gobierno de EEUU y el proceso nacional de recopilar, contar y certificar los resultados».

Smith ha anunciado que buscará un juicio rápido, pero nadie duda de que los abogados del magnate intentarán retrasarlo cuanto les sea posible. El expresidente exprimirá estas acusaciones para darle oxígeno a su campaña electoral. Al tratarse de cargos federales, los más serios que se pueden enfrentar, si ganase las elecciones podría poner a prueba los límites del perdón presidencial auto indultándose.

En el estrado tendrá a la jueza Tanya Chutkan, de sólida credibilidad, a pesar de haber sido nombrado por Barack Obama, y la única que ha dictado sentencias contra participantes de la insurrección del 6 de enero más altas de las que pedía la fiscalía. Una jueza respetada a la que Trump intentará ridiculizar, como hiciera de nuevo ayer con el «perturbado» fiscal especial que también le tiene en el banquillo de Florida por intentar quedarse con documentos clasificados pertenecientes al gobierno de EEUU. Para poder condenarlo tendrá que convencer a todos y cada uno de los miembros del jurado. De ahí que se haya tomado el tiempo necesario para una metódica investigación a la altura del Watergate.