La Iglesia deja de ser refugio para inmigrantes en Estados Unidos

«No podemos impedir que entren en las iglesias», admite la hermana Leticia Gutiérrez, a quien el obispo Mark Seitz le ha encargado establecer un Ministerio de Hospitalidad al Migrante. «Son espacios públicos abiertos a todos los feligreses, pero salones como este son privados», señala. En esa sala de la parroquia se impartió el domingo pasado un taller vital para la comunidad fronteriza de habla hispana: 'Conoce tus derechos: Cómo prepararse para una posible visita de ICE'.

La homilía del párroco Mariano López ya ha lanzado el mensaje de que todos «somos un solo cuerpo» y «cuando un miembro sufre, todos sufren con él». Pocos entre los feligreses que habían acudido a la misa en español esa mañana se sentían indiferentes al miedo y la angustia de los migrantes. La primera semana de redadas y deportaciones del Gobierno de Donald Trump ha dejado claro que, como el presidente, los agentes de ICE no se sienten obligados a respetar las leyes, ni los derechos de los propios ciudadanos estadounidenses. Entran hasta la oficina sin orden judicial y se llevan por delante a residentes legales que en ese momento no lleven encima la documentación requerida.

En su ráfaga de órdenes ejecutivas, Trump revocó las directrices de 2011 que designaban a las iglesias, hospitales y colegios como lugares «sensibles» en los que debía evitarse la acción migratoria. El objetivo era que todos los individuos pudieran acceder a esos servicios sin miedo, pero el miedo ahora es parte de la estrategia oficial. No hay lugar seguro para los inmigrantes en Estados Unidos, con o sin papeles.

Y «cuando el miedo es el objetivo, la compasión es la respuesta», escribió la semana pasada Jesús de la Torre, asistente del director del Hope Border Institute, en sus Despachos desde la Frontera. «Como personas de fe y vecinos de la frontera, tenemos el mandato de alzarnos contra la inhumanidad y decir con claridad: Todos somos migrantes».

A sus 99 años, Leopoldo Casalópez es más americano que Trump. Cuando la madre del presidente emigró a Estados Unidos desde Escocia en 1930, él ya había nacido. La suya hizo el camino contrario a un rancho de Chihuahua, donde su padre quería que creciese con orgullo mexicano. «No sé por qué le tiene ese odio a los migrantes», se pregunta. La propia Melania Trump entró en Estados Unidos en 1996 con un visado de turista de siete semanas que no le permitía trabajar, pero durante ese tiempo ganó 20.056 dólares desempeñándose ilegalmente como modelo, según los contratos y recibos a los que tuvo acceso Associated Press.

El argumento de Trump para justificar las redadas es purgar de delincuentes y pandilleros a los 10,5 millones de personas que, según datos del Gobierno mexicano, lograron entrar en Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden tras transitar por su país. En la primera semana de la Administración Trump, un comunicado de ICE establecía el día 28 un total de 969 arrestos, de los que solo 869 fueron registrados como deportables. Entre ellos figuraban dos con antecedentes penales, un hondureño detenido en Corpus Christi (Texas), con delitos de asalto agravado, y otro en Chicago (Illinois), por pertenencia a banda criminal. Sus rostros fueron ampliamente difundidos en redes sociales, como prueba de que las acciones están dirigidas a capturar migrantes con antecedentes delictivos, pero en esa tanda solo supusieron el 0,2%.

«No vienes a las iglesias o a los colegios en busca de delincuentes», objeta Mariluz Gambee al salir de misa. Frente a la desinformación y la realidad paralela de un gobierno que ha convertido a los inmigrantes y las minorías en chivos expiatorios, la información es la mejor defensa. «En EE UU todos tenemos derechos, incluso los migrantes indocumentados», recalca Jesús González, director ejecutivo de la organización Border Angels, que se prepara para dar la batalla. El trabajo acaba de comenzar. La primera línea de defensa es conocer esos derechos y hacerlos valer cuando los agentes de migración toquen la puerta, allanen un templo o se cuelen en el lugar de trabajo. Al igual que el cartel de 'No Trespassing' justifica legalmente un disparo, designar un área 'privada' forzará a ICE a mostrar una orden judicial.

Los agentes podrán allanar los templos y las aulas, pero no la sacristía, los salones privados, la oficina del párroco, la del director de la escuela o la sala de profesores. «Si vienen a por ti, no tienes que abrir. Pídeles que te pasen por debajo de la puerta la orden de detención firmada por un juez», instruye Aimée Santillan, directora política de Hope Border Institute, que impartía el taller en la parroquia de San Antonio. Los agentes de ICE también mienten y manipulan, avisa. A menudo entregan una orden administrativa, en lugar de judicial, firmada por una autoridad civil, en lugar de un juez. Si les abren la puerta, ya no han allanado ninguna morada. La información es el único escudo en esta guerra de confusión y realidades paralelas. Incluso los interrogados por la Policía durante una parada de tráfico tienen derecho a permanecer en silencio y no responder a sus preguntas, pero la abogada Lynn Coyle sugiere evitar la confrontación y «bajar la temperatura».

«Lo último que quieres es ser combativo e irritar al policía», advierte. «Yo sería amable, les diría que aprecio su trabajo y me gustaría mucho poder facilitárselo, pero que mi abogada me ha dado instrucciones de no contestar ninguna pregunta y no puedes desobedecerla», propone. Es momento de tener un abogado de confianza, memorizar su número y pedir al agente que lo llame.

No hay garantías de que un cuerpo empoderado por la mano dura y transgresora de su presidente respete los derechos de quienes persigue, pero conocer las reglas del juego aumentará las posibilidades de éxito en los tribunales. A largo plazo, puede marcar la diferencia entre la deportación y la permanencia. El resto lo dejan en manos de Dios.