Trump será imputado por abuso de poder y obstrucción al Congreso

El calendario electoral apremia porque el 3 de febrero los votantes de Iowa se pronunciarán sobre quién se batirá contra Trump en las elecciones de noviembre. Son muchos los senadores que preferían pasar el mes de enero haciendo campaña, en vez de sentados en el Senado. Eso explica que ni 24 horas después de acabar las audiencias salieran a la palestra los líderes de la Cámara Baja para leer las acusaciones. Y explica también que estos «artículos de 'impeachment'» sean más limitados de lo que se habían barajado antes. No hay tiempo que perder, el calendario electoral apremia.

Trump no será juzgado por obstrucción a la justicia, un delito para el que el fiscal especial Robert Mueller había sentado las bases. Eso requeriría recurrir a los tribunales para solicitar la comparecencia de testigos y documentos, además de que antagonizaría a un número de legisladores demócratas de nuevo cuño que tienen que revalidar el cargo en noviembre. En lugar de eso se ha optado por acusarle de «obstrucción al Congreso», ya que la Casa Blanca se ha negado a cumplir con las peticiones del legislativo y le ha forzado demandar ante la justicia la declaración de testigos y presentación de documentos.

La estrategia de Trump como presidente es la misma que ha utilizado en sus negocios toda la vida: empantanar el proceso en los tribunales hasta aburrir a la contraparte. Solo que los demócratas no han picado esta vez el anzuelo. «Nos llevó ocho meses conseguir que un juez dictaminase que (el exjefe de Gabinete de la Casa Blanca) Don McGahn no tiene derecho a desafiar al Congreso», explicó este martes Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia: «Ocho meses. Para una decisión judicial. Si nos lleva otros ocho meses conseguir otra decisión judicial o del Supremo, hay que entender que eso no sería el final del proceso. El caso volvería a nosotros y él alegaría algo más, por ejemplo, que sus respuestas tienen privilegio ejecutivo, y ahora tendríamos que volver a los tribunales durante otros ocho o 16 meses». Para entonces los votantes ya se habrían pronunciado en las urnas, por lo que seguirle el juego significaría «dejarle hacer trampa en otras elecciones», concluyó Schiff.

Con el material y las declaraciones existentes los demócratas creen que es fácil demostrar la principal acusación que enfrenta el presidente estadounidense por abuso de poder. Trump y sus acólitos presionaron a Ucrania durante meses para que manchase la reputación de su rival potencial, el ex vicepresidente Joe Biden, abriendo una investigación por corrupción a la empresa energética Burisma, en cuyo consejo de administración se sentaba su hijo Hunter Biden, sin cualificaciones que lo justificasen.

Los republicanos claman que la intención de Trump no era obtener ventaja política para su reelección, sino impulsar la transparencia y la lucha contra la corrupción, pero los testigos han dejado claro que el presidente no utilizó los canales diplomáticos tradicionales porque su misión nada tenía que ver con el servicio a la patria. «Ellos estaban involucrados en mandados políticos domésticos y nosotros en seguridad nacional», declaró bajo juramento Fiona Hill, especialista en Europa del Este a las órdenes del consejero de Seguridad Nacional John Bolton.

Sin embargo, ninguno de esos testigos ha podido poner en boca de Trump la orden de retener la ayuda militar a Ucrania hasta que anunciase la investigación, o la condicionase al encuentro en la Casa Blanca que buscaba su presidente Volodímir Zelenski. De ahí que los demócratas hayan preferido acusarle de un término más vago: «abuso de poder», en lugar de «soborno», como se acusó a Richard Nixon en 1974. Este último, no obstante, prefirió dimitir a enfrentar un juicio político para inhabilitarle.

Trump, por contra, sabe que tiene un partido de leales con mayoría en la Cámara Alta donde será prácticamente imposible que un mínimo de 20 senadores voten contra él. Eso le permitirá clamar que ha sido «totalmente exonerado porque no hizo nada malo», adelantó este martes la portavoz de la Casa Blanca Stephanie Grishman. Después, serán los votantes los que decidan.