La Policía de Brasil acusa a Bolsonaro de intento de golpe de Estado

El informe, de más de ochocientas páginas, recopila pruebas, documentos bancarios y telefónicos, declaraciones, detenciones, registros e información de otra índole obtenidas en casi dos años de investigación policial. Ahora, será entregado al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, encargado del proceso judicial.

Además de Bolsonaro, también han sido señalados quien fuera su ministro de Defensa, Walter Braga Netto; el exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagem; el exjefe de Seguridad de la Presidencia Augusto Heleno Ribeiro y el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Un total de hasta 35 personas. Todos ellos están acusados de intento de golpe de Estado, cargo que acarrea penas de hasta doce años de cárcel; pertenencia a banda criminal, con hasta ocho años de prisión; y abolición violenta del Estado de Derecho, con máximas de ocho años.

La investigación apunta hacia hechos que se produjeron durante la campaña y una vez finalizadas aquellas elecciones, en las que salió vencedor Lula y cuyo triunfo Bolsonaro tardó días en reconocer mientras se intensificaban las protestas de sus seguidores.

Se trata de una trama de desinformación para atacar a las instituciones y poner en tela de juicio la fiabilidad del proceso electoral e incitar a los militares a auparse en armas. También se investiga la financiación de estas acciones y las operaciones para llevarlas a cabo y el uso ilegal de la agencia de Inteligencia.

La investigación detalla cómo el núcleo cercano de Bolsonaro se reunió con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, dos de los cuales se opusieron a la trama. Los entonces comandantes del Ejército, Marco Antônio Freire Gomes, y la Fuerza Aérea, Carlos de Almeida Baptista Júnior, afirmaron ante la Policía que el plan contaba con el visto bueno del expresidente.

Estas revelaciones coincidían con las de quien fuera mano derecha de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, quien tras su arresto por la falsificación de las cartillas de vacunación contra la Covid-19 colaboró con las autoridades.

Uno de los encuentros analizados por la Policía es el que se produjo en el Palacio de la Alvorada el 7 de diciembre de 2022, cerca de expirar el mandato de Bolsonaro y con Lula como presidente electo. En él, según, el general Freire Gomes, se leyó un plan de actuación que contó con el apoyo del entonces comandante de la Marina, Almir Garnier Santos, quien también ha sido acusado. La Policía sostiene que hay indicios de que Bolsonaro participó en la redacción de ese decreto con el que se pretendía frenar el traspaso de poder.

El expresidente brasileño, por su parte, ha atribuido las acusaciones en su contra a la «creatividad» de un juez del Tribunal Supremo. «El magistrado Alexandre de Moraes conduce toda la investigación, ajusta los testimonios, arresta sin denuncia, lanza redes para pescar posibles pruebas y tiene una asesoría bastante creativa», ha afirmado Jair Bolsonaro en un comunicado difundido en sus redes sociales, en referencia a un mensaje enviado por un juez auxiliar a De Moraes a un fiscal en el que el propio magistrado insta a «usar la creatividad » para formular una denuncia contra una revista que simpatiza con el anterior mandatario brasileño.

La investigación concluida por la Policía Federal es conducida por De Moraes, el magistrado del Supremo responsable por varios de las causas en contra del líder de la ultraderecha. En el comunicado, Bolsonaro ha añadido que la acusación ahora tendrá que ser analizada por la Procuraduría General de la República, ante la cual sí tendrá la oportunidad de defenderse: «Tengo que ver qué dice esa acusación. Voy a estudiarla con el abogado. Pero eso obviamente pasará por la Procuraduría, en donde comienza la lucha. No puedo esperar nada de un equipo (de investigadores de la Policía Federal) que usa la creatividad para denunciarme».

Por otra parte, además de la acusación a Bolsonaro y a otras 34 personas de los delitos de abolición violenta del Estado de Derecho, intento de golpe de Estado y organización criminal para mantenerle en el poder tras las elecciones de octubre de 2022 que supusieron el regreso al poder de Lula da Silva, la Justicia también está investigando un posible caso de intento de atentado contra el actual presidente, Ignacio de Lula da Silva, su vicepresidente del propio juez De Moraes. En este sentido, según informa EFE, el pasado martes, las autoridades brasileñas detuvieron a cuatro militares y un agente de la Policía Federal acusados ​​de idear un plan para el magnicidio de estas tres personalidades. El objetivo, según la investigación, era asesinar a Lula y Alckmin, y crear un «comité de crisis» integrado por militares cercanos a Bolsonaro, que barajarían el envenenamiento como forma de segar la vida de la fórmula que ganó los comicios de 2022.