Boicot a la agenda de Piñera en Chile

«En la medida en que no haya presión, hay una agenda del Gobierno que va a seguir avanzando y esa agenda está en las antípodas de las demandas que los chilenos exigen en las calles», advirtió la presidenta del sindicato. Según Figueroa, los ciudadanos piden un nuevo sistema de pensiones solidario y de reparto, la nacionalización de sectores claves como el agua, la electricidad, y recursos naturales como el litio y el cobre. También exigen educación y salud de calidad y gratuitas.

La revuelta social en Chile comenzó el 6 de octubre a raíz del aumento de la tarifa del metro. Los estudiantes llamaron a evadir el pasaje. La protesta se amplificó y el 18 de octubre se extendió a todo el país mediante marchas, barricadas, cortes de tráfico y caceroladas que en algunos casos -con la represión de por medio- derivaron en saqueos, incendios y otros episodios de violencia.

Piñera ordenó reprimir las protestas mediante la declaración del «estado de emergencia» y los «toques de queda» habilitando al Ejército a patrullar las calles. Por su parte, la Policía actúa a diario con coches lanzaagua, bombas de gas lacrimógeno y disparos de bala para dispersar a la multitud. La fiscalía informó de que ya hay 23 muertos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos contabilizó 1.659 heridos y 4.364 detenidos desde el inicio de la revuelta.

La concentración este lunes frente al Congreso coincidió con la visita al Palacio de La Moneda de Rigoberta Menchú. La Premio Nobel de la Paz 1992 entregó al presidente Piñera un documento en el que le pide que frene la «brutal represión» de las protestas y denuncia «graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos» perpetradas por la Policía y por el Ejército. La dirigente guatemalteca alertó sobre «palizas, torturas, violaciones sexuales, desapariciones y ejecuciones».

La visita de Menchú al Palacio de La Moneda en Santiago junto a otros dirigentes de Derechos Humanos se realizó poco antes del inicio de una serie de manifestaciones en el centro de la capital y en ciudades del interior del país convocadas por la Mesa de Unidad Social -un centenar de organizaciones sindicales y sociales- bajo el lema 'Esto no ha terminado'.