Las iniciativas políticas inspiradas en la mejor de las intenciones pueden acabar teniendo resultados catastróficos. En 2009, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso argentino aprobó la llamada 'Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad ... electoral' para introducir las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) con el objetivo de democratizar el funcionamiento de los partidos e incentivar la participación política. La fórmula, que sigue vigente, establece un sistema de primarias abiertas en las que todo el electorado participa y por el que los partidos están obligados a designar a sus candidatos. Todos los aspirantes acuden a estas primarias en una misma cita electoral, de manera que los ciudadanos no sólo eligen a qué partido votar, sino también a qué candidato. Como en la Argentina el voto es obligatorio, las PASO suelen tener casi la misma participación que unas elecciones convencionales, de manera que su resultado permite conocer con antelación cuál será el comportamiento de los electores cuando unos meses después se celebren los comicios decisivos.
Cuando se estableció este sistema, con el objetivo de que fueran los ciudadanos y no sólo los afiliados de los partidos, los que decidieran qué candidaturas eran las que debían acudir a las elecciones, posiblemente se subestimó la capacidad de maniobra de los aparatos partidarios. Los dirigentes de las grandes formaciones decidieron que es mejor alcanzar acuerdos de candidaturas únicas antes que dar la palabra a los electores, por los que las PASO se acabaron convirtiendo en un escenario en el que medir fuerzas con los adversarios dos meses antes de las elecciones. Una gran encuesta nacional que supone el sueño de cualquier experto demoscópico, pero que se puede convertir en una pesadilla para la estabilidad institucional del país. Eso es lo que acaba de ocurrir en Argentina
Los electores del país sudamericano estaban convocados el pasado domingo a las PASO previas a las elecciones del próximo domingo 27 de octubre, una macrojornada electoral en la que se votará para elegir presidente de la República, gobernadores, diputados y senadores nacionales y provinciales, intendentes (alcaldes), concejales y consejeros vecinales. Toda la estructura institucional del país se decidirá en un solo día en el que cada elector deberá votar a sus candidatos para un centenar de cargos.
Tanto Cambiemos, la fuerza del presidente Mauricio Macri, como el Frente de Todos, la alianza opositora que aglutina a la mayor parte del peronismo, independientes y algunas fuerzas de centroizquierda, presentaron candidaturas únicas a la Presidencia de la Nación y a las gobernaciones de las provincias, por lo que las PASO se convirtieron en un gran sondeo sobre las elecciones de octubre. Desmintiendo a todas las encuestas previas, las elecciones supusieron una catástrofe para el presidente Macri, arrasado por la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, que barrió a la candidatura oficialista al alcanzar el 47 por ciento de los votos y una diferencia de 15 puntos sobre Mauricio Macri. Con este resultado, a dos meses de las elecciones nadie se atreve a darle al presidente la más mínima posibilidad de conseguir la reelección.
El resultado ha puesto de manifiesto las contraindicaciones del sistema de las PASO. Macri, cuya gestión cosechó un rotundo rechazo por parte de los ciudadanos, ha perdido la legitimidad democrática para seguir aplicando la misma política que lo llevó a este resultado, aunque mantiene la legitimidad institucional. El vencedor de las elecciones, Alberto Fernández, tiene la legitimidad para exigir cambios, pero de momento no es más que un candidato. El país puede entrar en una situación de vacío de poder no sólo hasta que se celebren las elecciones, el 27 de octubre, sino hasta el día fijado para la toma de posesión del nuevo presidente, el 10 de diciembre.
Al día siguiente de las elecciones, el pasado lunes, la bolsa de Buenos Aires se desplomó y el peso argentino se devaluó un 33 por ciento con respecto al dólar. El presidente, que durante los tres años y medio que lleva en el gobierno atribuyó sus dramáticos resultados económicos -inflación, devaluación del peso, recesión y aumento del desempleo y de la pobreza– a la herencia recibida del gobierno de Cristina Kirchner, se apresuró a atribuir el lunes negro a la desconfianza que suscita en los mercados la candidatura opositora. En un solo movimiento pasó de culpar a quienes lo precedieron a señalar a sus previsibles sucesores. Ni un atisbo de reconocimiento de responsabilidad propia.
Sin embargo, hay datos más que sólidos que deberían invitarlo a mirarse al espejo.
La argentina ha sido históricamente una economía débil, dependiente del sector exterior y marcada por una profunda desconfianza en su moneda que lleva a la mayor parte de los argentinos a optar por las divisas extranjeras, especialmente el dólar, a la hora de ahorrar. Esta desconfianza en la moneda nacional es más grave aún desde la crisis de 2001 que llevó al gobierno de entonces a establecer un 'corralito', la imposibilidad de los ahorristas de disponer de su dinero. Aquel trauma sigue marcando a los argentinos, que siguen teniendo en el dólar la referencia de los mercados inmobiliario y automotor. Desde la llegada de Macri al poder, además, la moneda norteamericana es la referencia para fijar las tarifas de la energía y de otros servicios públicos.
Todos los ministros de Macri reconocen tener sus ahorros en el extranjero, incluido el de Economía, Nicolás Dujovne, que sostiene sin pudor que repatriará su patrimonio cuando el país, cuya política económica dirige, le genere la suficiente confianza.
Para frenar esta fuga constante de capitales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estableció en su día una medida que se conoció como 'cepo cambiario', que limitaba la compra de divisas y obligaba, a la hora de adquirir moneda extranjera, a justificar el origen de los fondos.
Encaramado en el rechazo de gran parte de la clase media a esa decisión, el centroderecha ganó unas elecciones en 2015, por primera vez en la historia democrática argentina, y situó a Macri en la sillón de mando.
Eliminar el cepo fue una de las pocas promesas que el presidente cumplió, y junto con ella una medida complementaria que había sido aprobada anteriormente que obligaba a ingresar en entidades bancarias el 30 por ciento de las divisas que entraba en Argentina, cantidad que no se podía retirar antes del plazo de un año. Con esa norma, impuesta durante el gobierno de Néstor Kirchner, se evitaba la llegada de 'capitales golondrina', de naturaleza especulativa, que perseguían la obtención de grandes beneficios a corto plazo.
Esta doble eliminación de medidas de control tuvo un efecto devastador. La compra de dólares se disparó y para evitarlo se subieron los tipos de interés. El crédito pasó a ser una quimera para las pequeñas y medianas empresas, que ya afectadas por una caída del consumo comenzaron a cerrar una tras otra. Al mismo tiempo, regresaron los capitales golondrina. Llevar dólares a la Argentina, convertirlos a pesos para conseguir altas tasas de ganancia y volver a sacarlos convertidos otra vez en dólares se convirtió en una práctica habitual para fondos de inversión de todo el mundo. Así, entraban dólares pero salían muchos más.
Para mantener estos tipos de interés, que tampoco conseguían sostener la cotización del peso, el gobierno de Macri recurrió al endeudamiento. En junio de 2018 firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que el país había cancelado todas sus deudas durante el gobierno de Néstor Kirchner. Argentina volvió a ser un país de hecho intervenido en el que su gobierno tenía que pactar sus políticas económicas con el FMI. Aún así, el sistema mostró todas sus limitaciones. La fuga de capitales y la recesión continuaron y Macri marchó directo hacia el desastre electoral.
Achicharrado el presidente y con cambios políticos en el horizonte, es lógico deducir que los especuladores hayan optado por poner sus beneficios a salvo. Por ello, hay razones para pensar que el lunes negro, más allá de los argumentos de terrorismo financiero a los que el presidente quiera echar mano en una estrategia electoral desesperada, debe ser interpretado más como el resultado lógico de una época que se acaba antes que un aviso de lo que pueda estar por venir.
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