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Julio J. Portabales
Cártama
Lunes, 4 de noviembre 2024
La barriada de Doña Ana, una de las zonas más afectadas por el reciente desbordamiento del río Guadalhorce en Cártama, enfrenta la posible reactivación de expedientes de demolición para las viviendas situadas cerca del río. El anuncio del alcalde, Jorge Gallardo, sobre esta medida ha provocado reacciones divididas entre los vecinos, quienes sufrieron los efectos de las inundaciones que anegaron calles y causaron daños significativos en infraestructuras. Mientras algunos ven en esta decisión una forma de prevenir futuros desastres y proteger la seguridad de la comunidad, otros temen perder sus hogares y rechazan la posibilidad de tener que desplazarse.
Rafael Rebollo, residente de Doña Ana desde hace más de 60 años, considera que la medida podría ser positiva, siempre y cuando se realice una valoración justa de las propiedades. «La idea no es mala, pero debe haber una indemnización justa, ni más ni menos, al valor actual que tienen las construcciones», comenta. Rebollo subraya la importancia de que las indemnizaciones reflejen el valor real de las viviendas y no únicamente el valor catastral, que considera insuficiente. «Si es por el IBI, ahí no vamos a entrar casi seguros ninguno de los vecinos», añade.
Para Rebollo, la clave está en que se realice un estudio individualizado de cada propiedad: «La opinión es fácil. Hacer un estudio, cada uno de la casa. Porque yo no sé cómo van a venir ellos, si van a indemnizar con respecto al IBI o lo que verdaderamente hay construido», reflexiona. «Si se hace un estudio de las construcciones cada una, según proyecto, y la cosa se hace bien, yo no lo veo una mala solución».
Por su parte, Tamara Pérez, otra vecina de Doña Ana, expresa frustración e incertidumbre ante la posibilidad de que su hogar pueda ser demolido. «Si hace ocho o diez años dieron esos permisos, ahora no tiene lógica que nos quieran quitar nuestras casas», reflexiona. Pérez también teme que las indemnizaciones no reflejen el verdadero coste de su vivienda: «La indemnización que nos vayan a dar, con el valor catastral de aquí, será nada y menos. Hoy en día, ¿con qué te metes tú con eso? No es lógico ni ético, porque aquí somos familias que hemos construido nuestras vidas».
En cambio, para Soraya García y su esposo, Anuar, la noticia ha traído algo de alivio. «Es la mejor noticia que me pueden dar. Yo, vamos, mañana mismo, si quieren, firmo», dice Soraya, quien junto a su esposo recibe con satisfacción la posible reactivación de los expedientes de demolición para las viviendas cercanas al río. La pareja ha vivido solo una crecida, pero los relatos de vecinos sobre anteriores inundaciones y el temor que sintieron durante la reciente tormenta han sido suficientes para que deseen mudarse a un lugar más seguro. «Con esta última lo pasamos fatal; cuando llueve fuerte, el miedo nos invade», añade Anuar, preocupado por la seguridad de sus hijos. Para García, la posibilidad de trasladarse lejos del constante riesgo del río representa una oportunidad de tranquilidad: «Queremos estar en un lugar donde no tengamos que preocuparnos cada vez que llueve, no solo por la casa, sino también por nuestra familia», afirma.
La decisión del Ayuntamiento de Cártama sobre las viviendas en Doña Ana continúa siendo un tema sensible que divide a los vecinos. Mientras algunos temen un futuro incierto, otros ven en esta medida una vía para mejorar su calidad de vida. La incertidumbre permanece, y los residentes de la barriada esperan con expectación que el proceso avance y se esclarezcan tanto las condiciones como las indemnizaciones, con la esperanza de que cualquier decisión considere sus derechos y necesidades.
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