El Surpremo libra a una urbanización de una derrama de 130.000 euros

Este extremo, sin embargo, estuvo en cuestión hasta que el alto tribunal dejó clara su postura, a finales de 2024, por lo que, con anterioridad, la administración local alhaurina había reclamado a los propietarios que hicieran frente a inversiones, que rondaban los 130.000 euros, para solventar deficiencias en las zonas comunes, tal y como cuantifica el despacho de abogados Galán Palmero, que los representa. Esta resolución fue revocada, por el propio gobierno municipal, a tenor de los argumentos expuestos por sus señorías.

En el expediente que da marcha atrás al anterior, queda claro que todo este procedimiento comienza, el 13 de enero de 2023, «al ser presentado un escrito de denuncia por un representante de la Asociación de Vecinos Los Manantiales sobre el mal estado de conservación de zonas y elementos comunes». Este aviso da pie, cinco días más tarde, a un informe de la Oficina Técnica Municipal, tras la inspección y comprobación de los hechos denunciados, y a una orden de ejecución dirigida a esta comunidad de propietarios, en la que se les requiere la ejecución de las obras de pavimentación de acerado, restitución de arquetas, reparación de alumbrado público, arreglos de calzada y poda de vegetación. Posteriormente, también se solicitan arreglos en el alumbrado público. Estas decisiones municipales son recurridas, por distintas vías, por los residentes, pero estos intentos de paralizar el proceso son infructuosos, tal y como queda recogido por escrito.

Finalmente, la junta de gobierno local revisa la resolución y la deja sin efecto, dada la inadmisión, por parte del Surpremo, del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra el fallo del TSJA. Al respecto, fuentes municipales dejan claro que el Ayuntamiento ha obrado conforme han establecido los órganos judiciales, «tal y como se haría en cualquier otra situación y como siempre ha ocurrido».

En todo caso, al conocer la resolución judicial, desde el gobierno local, ya se avanzó que se habían «dado ya las instrucciones para formalizar, mediante escritura pública ante notario, las correspondientes cesiones», en relación a los terrenos sobre los que hay que materializar la recepción.