Récord de candidaturas para el puesto de juez de paz en Alhaurín de la Torre

Dentro de estos trámites, aquellos vecinos y vecinas con interés en representar a la Justicia en el municipio alhaurino tuvieron que presentar un escrito ante el Ayuntamiento. Cuando llegó el día de recibir las últimas candidaturas, el pasado 6 de septiembre, eran 21. Esta cifra, como explicaron fuentes municipales, no tiene precedentes. Entre los ciudadanos que optan al puesto está la propia Teresa Álvarez, que ha expresado su interés en ser reelegida.

Se trata de una vecina conocida, muy vinculada a la parroquia y que llegó a ser concejala de Educación, aunque como independiente, con un equipo de Gobierno del PP. Entre los candidatos a sustituirla, aunque prima la discreción sobre los nombres, es conocido que hay también personas con gran reconocimiento entre sus paisanos. El hecho de que sea «alguien de prestigio, respetado», es clave para tal responsabilidad.

El sistema de elección del juez de paz, que es un cargo honorífico, sin remuneración concreta, más allá de la que asigne la Administración local en concepto de gastos de representatividad, pivota en torno a la decisión del Ayuntamiento. Una vez que son analizados los distintos postulantes, la propuesta llega al pleno de la Corporación al que corresponde la decisión final, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dado que el PP lleva al frente del Gobierno municipal casi treinta años y que, al igual que ocurre con la actual jueza de paz, en anteriores ocasiones el puesto ha tenido «cierta relación con el poder municipal», tanto el PSOE como IU hicieron «campaña» para animar a cuántos estuvieran interesados en optar al cargo, publicitando el proceso, y, de este modo, favorecer más candidaturas.

El nombre, en cualquier caso, dependerá de lo que quiera el Partido Popular, con una holgada mayoría absoluta. En última instancia, eso sí, el cargo depende de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tal y como confirman fuentes de este organismo que, eso sí, dejan claro que, salvo incompatibilidad flagrante, se suele bendecir la decisión del Ayuntamiento.

Entre las causas para no ser juez de paz está la de ostentar un cargo público o estar en nómina de la Administración Pública; ser abogado o procurador en ejercicio u ostentar funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otro que implique intervención directa en sociedades o empresas mercantiles. Al contrario, por ejemplo, sí se puede ser docente y juez de paz, tal y como recoge la ley.

En cuanto a sus funciones, están las de «conocer en primera instancia, fallos y ejecución de los asuntos de cuantía no superior a 90 euros» o intervenir en «juicios de faltas»; además, tiene labores de Registro Civil y puede favorecer actos de conciliación. Por ejemplo, un juez de paz oficia bodas, registra nacimientos y solicita exhortos, en las ocasiones en las que alguna cuestión requiera de la cooperación de otros juzgado.