La mayoría del PP elige a la nueva juez de paz de Alhaurín de la Torre

El Ayuntamiento recuerda que abrió, el pasado verano, el plazo reglamentario de 15 días hábiles para la presentación de solicitudes y se publicaron los correspondientes anuncios en los tablones de anuncios del propio municipio, del Juzgado de Paz y del Juzgado Decano de Málaga. Una vez recibidos todos los perfiles de interesados se analizaron «tomando en consideración diversos factores y capacitaciones» como el «arraigo» en el municipio y la «disponibilidad» para ocupar el puesto.

En cuanto a María Teresa Álvarez Ortega ocupa el cargo desde el 6 de octubre de 2020, etapa en la que, como sostiene el Gobierno municipal, ha desempeñado una «gran labor» y «dedicación plena» en sus responsabilidades como jueza de paz. Se trata de una vecina conocida, muy vinculada a la parroquia y que llegó a ser concejala de Educación, aunque como independiente, con un equipo de Gobierno del PP. En lo referente a Jesús Díaz, se señala su conocimiento de «muchas de las necesidades y preocupaciones» de la ciudadanía.

El sistema de elección del juez de paz, que es un cargo honorífico, sin remuneración concreta, más allá de la que asigne la Administración local en concepto de gastos de representatividad, pivota en torno a la decisión del Ayuntamiento. Una vez que son analizados los distintos postulantes, la propuesta llega al pleno de la Corporación al que corresponde la decisión final, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En última instancia, eso sí, el cargo depende de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tal y como confirman fuentes de este organismo que, eso sí, dejan claro que, salvo incompatibilidad flagrante, se suele bendecir la decisión de los responsables municipales.

Entre las causas para no ser juez de paz está la de ostentar un cargo público o estar en nómina de la Administración Pública; ser abogado o procurador en ejercicio u ostentar funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otro que implique intervención directa en sociedades o empresas mercantiles. Al contrario, por ejemplo, sí se puede ser docente y juez de paz, tal y como recoge la ley.

Y, en cuanto a sus funciones, están las de «conocer en primera instancia, fallos y ejecución de los asuntos de cuantía no superior a 90 euros» o intervenir en «juicios de faltas»; además, tiene labores de Registro Civil y puede favorecer actos de conciliación. Por ejemplo, un juez de paz oficia bodas, registra nacimientos y solicita exhortos, en las ocasiones en las que alguna cuestión requiera de la cooperación de otros juzgado.