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La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural anunció ayer la creación de un decreto ley para apoyar el arreglo de caminos rurales andaluces dañados por el temporal, dando así prioridad al sector agrícola, considerablemente afectado por las lluvias. El titular de la Consejería, Rodrigo ... Sánchez Haro, dio la noticia ayer tras visitar parte de los territorios afectados: «Vamos a llevar al Consejo de Gobierno una serie de medidas extraordinarias para dar cobertura a los caminos rurales y las diferentes necesidades que hay en las comarcas afectadas».
Sánchez Haro aseguró que estas intervenciones son «una prioridad para el Gobierno andaluz. Desde el primer momento, tal y como nos pidió la presidenta de la Junta, Susana Díaz, nos hemos puesto en marcha para dar solución a los problemas con los que se están encontrando las diferentes zonas», apuntó el consejero.
El Consejo de Gobierno aprobará hoy dicho decreto ley para la financiación extraordinaria de arreglos y obras de emergencia en caminos de acceso a zonas agrícolas y ganaderas que han resultado dañadas, aunque el consejero no especificó durante su comparecencia la cuantía de dichas ayudas, dato que se desvelará hoy, al igual que la valoración del perjuicio de las lluvias para el sector. De igual manera, no existe un balance concreto sobre las pérdidas agrícolas ni ganaderas, tan solo una «estimación» que se irá perfilando de cara a los próximos días.
El delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, Francisco Fernández España, desactivó ayer a las 9.10 horas el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, en su fase provincial, que desde el pasado domingo día 21 de octubre ha estado operativo en sus distintos niveles para atender las necesidades de asistencia y respuesta tras las lluvias que inundaron parte del interior de la provincia.
La desactivación del plan implica la vuelta al estado original de los dispositivos de emergencia, aunque el cambio más significativo se produjo cuando se suprimió el nivel dos, que implicaba la intervención de los recursos del Estado, en este caso la participación de la Unidad Militar de Emergencias. Según informaron ayer fuentes del servicio de Emergencias 112, el Comité Asesor del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones se reunió ayer de forma parcial para tomar la decisión «tras comprobar que no existen novedades reseñables tras el episodio de lluvias y tras finalizar las labores de emergencia gracias a la intervención coordinada de los efectivos de emergencias».
Fernández España lanzó un mensaje de agradecimiento a todos los servicios de las distintas administraciones que desde el pasado fin de semana han trabajado «de manera coordinada para la resolución de las incidencias», una gratitud que ha sido expresada por los diferentes municipios afectados tanto a nivel institucional como vecinal.
Según recordó el servicio 112, a modo de sumario de más de una semana con el plan activo, este se activó a la 1.01 del pasado domingo 21 de octubre y posteriormente se elevó a situación 2. Nueve consistorios también activaron sus planes de emergencia municipales (Alhaurín de la Torre, Málaga, Campillos, Yunquera, El Burgo, Ronda, Jimera de Líbar, Manilva y Estepona).
El resumen de estos ocho días en alerta se reparte entre los cuerpos y efectivos que han participado en él, con especial mención al Consorcio Provincial de Bomberos, al que pertenecía José Gil, fallecido durante un servicio. Efectivos de Medio Ambiente adscritos al plan Infoca, agentes de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Protección Civil y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias completan el círculo.
Vecinos de Campillos y Teba esperan que hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía reaccione e inste al de España para que declare zona catastrófica a los pueblos de la Comarca de Antequera que padecieron el fuerte temporal que terminó con la vida de un bombero, destrozos por un valor inicial de más de 70 millones de euros, más de 1.200 viviendas afectadas e infinidad de caminos y carreteras destrozadas.
Así lo manifestaron ayer en Antequera los máximos responsables de Campillos (Francisco Guerrero), Teba (Cristóbal Corral),Villanueva de Tapia (Encarnación Páez), Almargen (Carmen Romero), Alameda (Juan Lorenzo) y Bobadilla Estación (Diana Navarro), amparados por el alcalde de Antequera, Manuel Barón.
Los alcaldes de Campillos y Teba se muestran firmes con las concentraciones vecinales: «No van a retirarse hasta que no se vea reflejada en el Boletín Oficial del Estado la declaración de zona catastrófica», señaló Guerrero, sin descartar nuevas acciones que irían sumándose si no reciben respuestas de Sevilla y Madrid. Guerrero, por su parte, aseguró:«Nosotros no hemos sufrido inundaciones, hemos sufrido una tragedia».
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