La jueza del 'caso Lucía' rechaza las pruebas que pide la familia al descartar la autoría de terceros

Desde entonces, la familia de Lucía Vivar no ha dejado de solicitar pruebas y de reclamar una investigación exhaustiva –han llegado a reunirse con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido– sobre la que para ellos siempre ha sido la principal hipótesis: la pequeña no anduvo sola esa distancia, sino que alguien se la llevó. Pero la Guardia Civil no ha hallado un solo indicio que apunte en ese sentido. Y el caso, a tenor de la última providencia de la jueza, parece abocado al archivo, al menos respecto a la autoría.

En la resolución, fechada el 5 de abril, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga resuelve denegar las últimas pruebas que habían solicitado los padres, pero sobre todo llama la atención el último párrafo de la misma, donde la magistrada asevera: «Además, de las muy numerosas diligencias de investigación practicadas no se desprende indicio alguno de que terceras personas estuvieran involucradas en la desaparición y posterior fallecimiento de la menor».

La jueza responde de ese modo a la solicitud de nuevas pruebas realizada por la familia mediante un escrito presentado por su abogada, Ana Belén Ordóñez, de Ley 57, el pasado 27 de febrero. Los padres de la pequeña consideraban que no se habían practicado la totalidad de las diligencias acordadas o, al menos, «en la extensión en las que habían sido aceptadas» [por la magistrada], algo que juzgaban «imprescindible» para aclarar los hechos y depurar «posibles responsabilidades».

Para la familia, la muerte de la menor, que tenía tres años recién cumplidos, sigue rodeada de incógnitas que, a su juicio, la investigación no ha terminado de despejar. En diciembre, la Guardia Civil entregó en el juzgado el atestado completo del caso con la conclusión a la que han llegado los investigadores: «A las 23.30 horas del 26 de julio, Lucía Vivar fue extraviada y desapareció del entorno familiar en el que se encontraba, dado que abuelos, padres, tíos y primos cenaban, comenzando un arduo trasiego que la llevó a recorrer sola y por sus propios medios la distancia comprendida entre la estación de Pizarra y el punto 158,5, paraje de Vega Malilla», donde según la investigación fue golpeada por el primer cercanías de la mañana. Para los agentes, «actuó inercialmente y movida con determinación por la desorientación y el miedo, soslayando a cuantas personas participaron en la batida».

Los padres, sin embargo, no encuentran en esta tesis explicación al hecho de que la niña pudiera recorrer cuatro kilómetros sobre balastos, entre las vías, y llevando como calzado unas sandalias de verano, caminando siempre hacia la oscuridad, con una visibilidad lunar del 8%; y, pese a ello, que apenas tuviera lesiones en el cuerpo producto de las múltiples caídas que debió de sufrir.

La autopsia reveló que presentaba erosiones y hematomas de carácter leve en las piernas, donde también tenía manchas de grasa. Sin embargo, los cinco forenses que examinaron el cuerpo durante cinco horas no hallaron ni una sola lesión en las manos de la niña. Tampoco en la cara, en el cuello o en la cabeza, salvo el «traumatismo de alta energía» provocado supuestamente por el tren, que la habría golpeado con alguna parte de su estructura, aunque sin llegar a arrollarla.

El otro aspecto del caso que la familia pide aclarar es por qué no se interrumpió el tráfico ferroviario cuando aún se estaba buscando a la menor. La jueza atendió la solicitud de la familia y pidió explicaciones a Adif y a la Guardia Civil. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias contestó a la magistrada que no recibió petición alguna de suspender el tráfico ferroviario, pese a que, según sostiene, se recabó información de la Benemérita «para saber si era necesario y durante cuánto tiempo».

La Guardia Civil, por su parte, subraya en su atestado que se suspendió el tráfico ferroviario nocturno (la vagoneta de mantenimiento y reparación de las vías) y que, con la información que se tenía en ese momento, «no se entendió oportuna la paralización total» del servicio, «si bien sí se interpretó necesario que los trenes circularan adecuándose a la búsqueda de la menor, con conocimiento de la situación y con la adaptación en velocidad, conducción...».

Además, dice la Benemérita, «las líneas de investigación de la desaparición, defendidas incluso a día de hoy por los familiares», tendían esa noche a la idea de que la menor «nunca iría hacia la oscuridad, podía estar jugando al escondite, no podía recorrer una distancia tan larga e incluso debería haber sido raptada por terceras personas», supuestos que la situarían «en un entorno inmediatamente cercano al lugar del extravío».

Según el escrito presentado por los padres de Lucía Vivar, esto «se contradice» con lo que manifiestan «cientos de vecinos y autoridades locales». La familia ha informado a la jueza de que hay numerosos testigos que aseguran haber escuchado cómo la Guardia Civil y los vigilantes que trabajaban para Adif presentes en la zona indicaban que se había suspendido la circulación de los trenes y que no se restablecería «hasta que no hubiese suficiente luz y se comprobase que la menor no se encontraba ni en la vía ni en sus inmediaciones».

De hecho, la familia adjuntó al escrito declaraciones juradas (más de 70) de vecinos, voluntarios y también de autoridades locales, como el propio alcalde de Pizarra, Félix Lozano, y miembros de su corporación. Los padres pedían a la magistrada que tomara declaración a cuantos testigos considerara oportuno para aclarar si se dio o no la orden, y sobre todo por qué se autorizó a circular al primer tren cuando aún era de noche y la niña no había sido localizada. Sin embargo, en la providencia a la que ha tenido acceso SUR, la jueza descartó realizar más pruebas en este sentido al considerar que éstas ya se han practicado, «además de considerarlo irrelevante en orden a la comprobación de las causas del fallecimiento así como para la determinación del presunto autor».

La familia de Lucía también había solicitado una prueba que juzgan fundamental para esclarecer el caso: la triangulación de los teléfonos que estaban en la zona de la estación de trenes la noche de autos y también en el lugar del hallazgo del cadáver de la menor durante las horas que estuvo desaparecida. De este modo, «se podría conocer si alguna persona pudo estar en dicho lugar y, por tanto, haber tenido alguna participación». Esa diligencia no ha sido rechazada en la providencia, pero tampoco ordenada por la jueza. Y el tiempo, insisten, avanza en contra: «De no realizarse antes de 12 meses, se pierde dicha información y la posibilidad de aclarar estos extremos».