La Guardia Civil dice que supo que Adif reanudó los trenes cuando Lucía Vivar ya estaba muerta

La muerte de Lucía dio lugar a una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, que acabó archivando la vía penal del caso al no hallar indicios de delito ni de participación de terceras personas. Los padres de la pequeña, que tenía 3 años, recurrieron la decisión de la magistrada y acudieron también a la vía administrativa «en busca de respuestas, no de una indemnización, que no nos interesa nada», como ellos mismos matizan. Y lo cierto es que empiezan a encontrarlas. Tras una investigación interna, la Guardia Civil señala a Adif como responsable de suspender el servicio y asegura que se enteró de que el tráfico ferroviario se había reanudado cuando se les informó de que Lucía había sido hallada muerta.

El informe, de tres páginas y al que ha tenido acceso SUR, está firmado por el coronel Jesús Esteban, que es el responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. En él se trata de dar respuesta a las preguntas planteadas por la familia y que dieron lugar a un expediente de responsabilidad patrimonial instruido por un teniente coronel de la Benemérita, que fue quien tomó declaración, en presencia de la propia madre de Lucía, a cada una de las personas con responsabilidad en el operativo de búsqueda.

Los padres plantearon en su reclamación una serie de preguntas sobre el dispositivo. La primera es más una afirmación e indica que, entre las 23.30 y las 4.30 horas, solo se destinó una patrulla a la búsqueda de Lucía. El mando de la Guardia Civil responde en su informe que se envió a dos de las tres patrullas que había esa noche de servicio en la compañía de Coín, dejando la tercera para el resto de incidencias que pudieran surgir en la comarca del Guadalhorce, que es la zona que abarca dicha compañía. Además, se puso al frente del dispositivo al sargento responsable del cuartel de Pizarra y se alertó al capitán de Coín, que también acudió al lugar. Además de estas patrullas, se personaron agentes de Policía Judicial, que estaban fuera de servicio, así como dos especialistas del Servicio Cinológico, que se desplazaron directamente desde Sevilla con perros de búsqueda y rescate para sumarse al dispositivo.

El coronel recuerda en su informe que también participó el alcalde de Pizarra, que ejerce como presidente de la comisión local de Protección Civil, además de miembros de Policía Local de Pizarra y Cártama, por lo que concluye: «A la vista del personal que intervino en la búsqueda se considera ajustado a las necesidades del servicio, poniendo a disposición del operativo todos los recursos humanos disponibles en ese momento».

La familia planteó en su reclamación que las batidas no siguieron un protocolo concreto de búsqueda. Al respecto, el jefe de la comandancia subraya que el sargento de Pizarra, que fue el primer mando en llegar al lugar, ordenó montar dos grupos de búsqueda a cargo cada uno de ellos de un guardia civil. Por otro lado, relata el mando, como había gran número de voluntarios, se fueron organizando grupos coordinados por policías locales, Protección Civil y otros miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que abarcaron «un círculo desde el lugar de la desaparición que se fue abriendo poco a poco sin descartar ninguna zona».

Paralelamente, se abrieron otras vías de investigación, como el visionado de las cámaras próximas al lugar, controles de vehículos en las salidas de Pizarra o identificación de posibles sospechosos «ante la posibilidad de que pudieran haberse llevado a la pequeña», reconoce el coronel, que insiste en que las batidas «siguieron un protocolo establecido» en ambas direcciones desde la zona de la desaparición.

Protesta en apoyo de la familia en junio de 2018.M. Fernández

Cuestionado al respecto, el mando de la Benemérita también considera que los perros del Servicio Cinológico utilizados fueron los «correctos» y llegaron al lugar «con la máxima diligencia posible, toda vez que hubo que alertar a sus guías», que se encontraba fuera de servicio en sus domicilios, y trasladarse desde Sevilla hasta Pizarra, «comenzando la búsqueda desde el lugar de la desaparición, por lo que no les dio tiempo a llegar hasta el lugar donde apareció fallecida la pequeña Lucía».

La última es, quizá, una de las cuestiones en la que más ha insistido la familia de la niña: ¿por qué no se cortó el tráfico ferroviario? El coronel asegura que la Guardia Civil «no tiene potestad» para suspender el servicio de trenes, ya que «dicha potestad corresponde al Centro de Protección y Seguridad de Adif con sede en Sevilla», que es quien «recibe toda la información y su evolución, así como las medidas restrictivas a aplicar y en qué lugar se deben aplicar».

Añade el jefe de la comandancia en su informe que el sargento del cuartel de Pizarra verificó, como primera medida, que no había tráfico ferroviario, tal y como confirmaron los vigilantes de Adif. Y añade: «Ni por el sargento, ni por ninguno de los otros mandos que se hicieron cargo del operativo de búsqueda, ni por ningún otro miembro de la Guardia Civil se solicitó la reanudación del tráfico ferroviario, teniendo noticias todos ellos de que se había reanudado cuando recibieron la llamada de que la menor había aparecido fallecida, arrollada por un tren».