Fue un proyecto ambicioso en el que la corona de Castilla invirtió unos fondos incalculables y dos décadas de trabajo público. El objetivo era crear un gran catastro para todo el reino y conseguir así una única vía de ingreso de impuestos en función del patrimonio. Fue promovido por Zenón de Somodevilla y Bengoechea, más conocido como el primer Marqués de la Ensenada (ministro del Rey Fernando VI), de ahí que el resultado de este trabajo se conozca como los catastros del Marqués de la Ensenada, o catastros de la Ensenada. Su existencia, como explica la directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga, Esther Cruces, permite conocer, como en una «foto fija», la constitución urbana de la España del siglo XVIII.
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Los dos volúmenes que se redactaron en Sierra de Yeguas (uno para las fincas seculares y otro para las eclesiásticas) estaban almacenados en el Ayuntamiento, en un estado que imposibilitaba su consulta. El regidor de la localidad, José María González –licenciado en Historia–, relata a SUR que desde que entró a la alcaldía en el año 2015 quiso restaurarlos y digitalizarlos, ya que son «el documento histórico más antiguo» que existe sobre el municipio. «Solo se conserva eso, las actas capitulares del siglo XIXy las actas plenarias del siglo XX».
González explica que nunca habían acometido el proyecto por el desconocimiento de sus costes, por eso, en una reunión con al directora del archivo y la anterior delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Monsalud Bautista, pidió que redactaran un presupuesto de restauración y digitalización. «No superaba los 2.500 euros, así que decidimos hacerlo».
Entró en juego entonces la labor de Francisco Javier Gómez y Juan Andrés Navarro, restauradores que trabajan para el archivo y que, como dos médicos, diagnosticaron y trataron los dos libros mediante distintos procesos manuales. Navarro explica a SUR que ambos ejemplares presentaban un «mal estado de conservación», especialmente en las cubiertas. El libro de fincas seculares tiene 713 folios y el eclesiástico 242. «Los pergaminos estaban rellenos de una malformación que llamamos papelones, aglomeraciones de material que hacen que los tomos pierdan rigidez». Además, había «pérdida de soporte» y faltaban algunos trozos de pergamino, todo ello aderezado por manchas de «distinta naturaleza», comenta el restaurador.
Navarro explica que, ante ejemplares de estas características, lo primero que se hace es un «análisis visual y exhaustivo», similar a un diagnóstico médico, para ver qué «patologías» presentan. En este caso se trata de dos ejemplares diferentes, manuscritos con distintos tipos de tinta, un detalle fundamental para proceder con los diversos análisis químicos que forman parte del proceso y que permiten dilucidar, entre otras cosas, si el papel presenta algún grado de acidez que deba ser neutralizada. También hay que determinar si los materiales sufren ataques biológicos a la vez que se comprueba el estado del cosido, un apartado especialmente complejo al tratarse de dos ejemplares manufacturados.
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En los dos libros había acidez asociada al papel, las cubiertas estaban «muy deterioradas» y en el caso del tomo secular, al ser de mayor tamaño, el cosido también estaba en muy mal estado. «Los hilos se habían perdido y los folios estaban sueltos por completo». En algunas páginas había anotaciones hechas con grafito y las hojas del principio y del final estaban muy sucias, algo «habitual» en ejemplares de este calado. «La parte central suele conservarse mejor por estar más apartada del exterior». Los dos libros presentaban, a su vez, detritus de moscas.
«Los hemos restaurado limpiándolos (tanto las manchas como los detritus), consolidando los cortes y desgarros, neutralizando las tintas ferrogálicas que se oxidan y corroen el papel y neutralizando la acidez mediante una desacidificación antes de volver a encuadernarlos», explica Navarro. El proceso de digitalización se hizo antes de este último paso, para evitar que tenga que ser manipulado de nuevo.
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Los resultados del proceso fueron expuestos el pasado jueves e el Ayuntamiento de Sierra de Yeguas, un acto presidido por el alcalde y en el que los vecinos comprobaron que muchas fincas actuales ya existían con las mismas características en la Sierra de Yeguas del siglo XVIII.
El proyecto que emprendió el Marqués de la Ensenada estaba llamado a definir las características de la nueva administración de Fernando VI, moderna y organizada. La directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga, Esther Cruces, relata que el catastro promovido por el ministro era el eje central de una inaudita administración centralizada, en una época en el que la gestión gubernamental empieza a asociarse a los ilustrados.
Pero el catastro era tan innovador y ambicioso como complejo. La orden real que inició el proceso, apunta Cruces, se dictó el diez de octubre de 1749; los trabajos se iniciaron en 1750 y finalizaron en torno a 1770. El gobierno de Fernando VI tardó dos décadas en recabar una información que iba a transformar la recaudación de impuestos de la corona, pero estos documentos nunca llegaron a utilizarse «por los cambios políticos que llegaron a finales de siglo», matiza la directora.
No obstante, el valor de los catastros de la Ensenada ha sido vital para el estudio histórico y urbanístico de los núcleos poblacionales de España. Pero, ¿cómo se redactaban? El proceso implicaba la creación de un cuerpo de funcionarios (que formaban parte de una «compleja maquinaria administrativa»), compuesto por escribanos, escribientes, agrimensores –especialistas en la medición de tierras– y distintos cargos. El equipo se desplazaba hasta la localidad en cuestión para iniciar un trabajo que podría prologarse meses o años.
En el caso de Sierra de Yeguas, el catastro comenzó a desarrollarse en 1750, añade Cruces, y el desarrollo de los trabajos se prolongó durante un año pese a tratarse de un pequeño pueblo del interior de Málaga. Cuando el cuerpo de funcionarios llegaba al destino se conformaba una comisión de vecinos encargada de aconsejar a los trabajadores públicos. Mientras tanto se redactaba y publicaba un bando municipal para que todos los vecinos facilitasen la información.
Finca a finca, terreno a terreno, se iban delimitando las extensiones de las propiedades de los vecinos y la Iglesia, y se determinaba el tipo de extensión y las características de los inmuebles en función de su productividad, a fin de determinar cuánto debía pagar a la corona por dicha propiedad.
«En el catastro de Sierra de Yeguas se ve el caso de un vecino que tiene una finca yerma por la que pagaba muy poco o nada, pero esa misma persona tenía una casa en el pueblo arrendada por 33 reales», comenta Cruces.
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