La depuradora del bajo Guadalhorce estará en 2019 y será gestionada por la Diputación

La Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) del Bajo Guadalhorce, que dará servicio a Coín, Pizarra y Álora será puesta en funcionamiento tras la llegada del año 2019. La Junta de Andalucía confirmó ayer esta fecha, que coincide con la que se fijó cuando comenzaron las obras hace un año (aunque en algunos comunicados se llegó a barajar la idea de adelantarla a finales de 2018) tras una reunión de trabajo mantenida con los tres alcaldes de las localidades –Fernando Fernández (Coín), Félix Lozano (Pizarra) y José Sánchez (Álora)–.

Además, según informó Lozano, los tres Consistorios ya han formalizado su adhesión al Consorcio del Agua, dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, que será la encargada de gestionar las instalaciones como ya se vislumbró tras la primera reunión en torno a la titularidad de la misma, celebrada el pasado mes de abril. En aquel primer encuentro, al que también acudió el diputado provincial de Sostenibilidad, Francisco Delgado Bonilla, quien coincidió en que es «oportuno» que la Diputación sea la entidad encargada de administrar la EDAR. En la reunión de ayer también participó el gerente del Consorcio, Juan Jesús Bernal.

Tras consolidar la adhesión, que todavía tiene que ser ratificada, los municipios están trabajando en la redacción de un estudio con el que evaluar y pormenorizar los costes de la EDAR.

La construcción de esta depuradora fue declarada de Interés de la Comunidad Autónoma y su ejecución está siendo financiada con cargo al Canon de Mejora de las Infraestructuras Hidráulicas. Cuando comenzaron los trabajos, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio explicó que cuenta con un presupuesto de 7,5 millones de euros para la planta en sí, a los que se suman los 6,5 millones de euros de inversión en la canalización de vertidos de estas localidades hacia la EDAR.

Cuando esta infraestructura entre en funcionamiento, Coín será tachado de la lista de municipios de más de 15.000 habitantes que no depuran sus aguas y que han costado una multa de doce millones de euros al Estado Español impuestos por la Unión Europea, ya que este hecho incumple las normas comunitarias fijadas en el año 2000, como ya se señaló en una sentencia de 2008. Además de los en torno a 25.000 coineños, la de Bajo Guadalhorce depurará las aguas residuales de otros 45.000 habitantes.