El conflicto laboral de las cuidadoras de Cártama llega al Defensor del Pueblo

El primer punto que se recoge en el escrito, firmado por la Unión General de Trabajadores (sindicato que representa a las cuidadoras), va en relación a los «pellizcos» en las nóminas, que ya se hicieron públicas en este diario. «La empresa ha incumplido el acuerdo y no ha abonado el 100% de las nóminas, muchas de estas presentan mordidas de 300 y 500 euros». En el mismo orden, desde UGT han puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo que no a todas las trabajadoras se les paga el plus de festivo ni se ha abonado la diferencia por la subida del IPC.

Además, la empresa (Rondalavi) contrata por horas lo que son jornadas completas, con «mucho» más volumen de trabajo «del representado en el contrato», todo ello sin que se abone el coste del kilometraje, algo que según el escrito es «de obligado cumplimiento». En el mismo se expone que hay «más de veinte trabajadoras a las que se le han negado vacaciones» por la falta de personal con las que cubrir los huecos. «A todo esto añadimos la falta de recursos de prevención de riesgos laborales, no tienen guantes desde hace tres meses, ni ningún sistema de protección, solo disponen de un peto, ni siquiera disponen del vestuario que se recoge en el convenio»

Todos estos hechos, a excepción de los relacionados con las nóminas, llevan semanas en conocimiento de la Inspección de Trabajo, institución que el pasado viernes inició la hoja de servicios para dilucidar en qué punto se puede estar incurriendo en hechos sancionables o no, según fuentes sindicales.

Con respecto a las mordidas en las nóminas, hoy se determinará si los descuentos reflejados en las hojas de pago se ajustan a la ley. Si desde el sindicato descubren que las «mordidas» son arbitrarias, denunciarán a la empresa por lo penal tras incumplir el acuerdo firmado y retomarán la huelga general que se canceló tras la firma de dicho pacto. Así lo explicó a SUR el delegado sindical de la sección de sanidad privada de UGT, Juan Carlos Navas.

Por parte de Rondalavi, que en todo momento ha defendido su inocencia en este conflicto, del que consideran responsable al Ayuntamiento de Cártama, nadie ha hecho comentarios con respecto al escrito dirigido al Defensor del Pueblo.

El conflicto se desencadenó cuando las trabajadoras convocaron huelga indefinida tras llevar dos meses sin cobrar. Rondalavi debe tramitar unas facturas con el Ayuntamiento para que este le pida los fondos a la Junta de Andalucía, que es la responsable última de este servicio, aunque lo gestionan los consistorios. Con la huelga a la vuelta de la esquina, UGT, Rondalavi y responsables sindicales se reunieron para solucionar el conflicto, que reside en el aspecto formal de las facturas. Tras arreglar la facturación de junio y julio, el Consistorio entregó los más de 80.000 euros correspondientes a esos dos meses para que la compañía dispusiera de liquidez con la que pagar septiembre y octubre. El pasado vienrnes llegaron los pagos del último mes que se debía.