Almogía y Alfarnatejo solicitan a la Diputación que revierta su salida del Consorcio de Maquinaria

El Consorcio de Maquinaria, creado en 1988, ha sido durante décadas una herramienta indispensable para la reparación y mantenimiento de vías rurales públicas. En la actualidad, este consorcio lo integran los ayuntamientos de Almogía, Alfarnate, Alfarnatejo, Archidona, Casabermeja, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Riogordo, Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco, junto con la Diputación de Málaga. Sin embargo, el anuncio de la retirada de la institución provincial, que aporta más del 43% del presupuesto total, ha puesto en jaque la viabilidad del organismo.

García fue clara en su intervención: «Sin la aportación de la Diputación, los ayuntamientos difícilmente podremos afrontar el coste del mantenimiento del parque de maquinaria, y eso supondrá un deterioro progresivo de nuestros caminos rurales». La alcaldesa de Almogía subrayó que el Consorcio no solo facilita el arreglo de estas vías, sino que también representa un apoyo fundamental para el desarrollo económico de las zonas rurales, donde el mantenimiento de los caminos es vital para el acceso a explotaciones agrícolas, ganaderas y pequeñas empresas locales.

La alcaldesa de Almogía apeló a la sensibilidad del presidente de la Diputación y solicitó «un giro de timón» para revertir el expediente de disolución. «Estamos hablando de un servicio que impacta directamente en la vida diaria de nuestros vecinos. No podemos permitir que el abandono de esta infraestructura repercuta en el aislamiento de nuestros municipios», destacó.

Los alcaldes pusieron de manifiesto que la desaparición del consorcio supondría una sobrecarga económica para municipios pequeños con presupuestos limitados. La Diputación, como institución que vela por el equilibrio territorial, juega un papel esencial en asegurar que las localidades más pequeñas no queden desprotegidas frente a la falta de recursos técnicos y económicos.

El Consorcio de Maquinaria ha demostrado, a lo largo de sus más de 35 años de existencia, ser una herramienta de cohesión territorial y de colaboración entre municipios. Para los ayuntamientos implicados, representa mucho más que un simple servicio técnico; es la expresión de una política pública que apuesta por la equidad en el mantenimiento de infraestructuras básicas, independientemente del tamaño o capacidad económica de cada municipio.

A la espera de la decisión definitiva de la Diputación, los alcaldes de los municipios consorciados han manifestado su intención de seguir defendiendo la continuidad del organismo. La presión política y social podría jugar un papel determinante en la resolución final de este proceso, que mantiene en vilo a numerosos ayuntamientos del interior malagueño.