Un juez admite a trámite la denuncia penal de los vecinos de Mestanza contra distintos cargos de la Junta por la construcción de la depuradora

El Juzgado de Instrucción nº2 de Málaga ha admitido a trámite la denuncia penal interpuesta por los vecinos de la Vega de Mestanza en Alhaurín de la Torre contra diferentes cargos de la Junta de Andalucía, responsables del proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Málaga Norte. Se trata del último paso judicial de los vecinos, que se ha llevado a cabo tras interponer dos contenciosos administrativos con medidas cautelares para frenar la construcción de la depuradora en esta ubicación, una lucha vecinal que comenzó en el verano de 2020. «Los vecinos tienen una enorme alegría, vemos la luz al final del túnel, ese proyecto siempre ha sido una auténtica aberración y confiamos en que se haga justicia», explicó a SUR el abogado de la comunidad vecinal, Marcelino Abraira.

Según se detalla en el auto, el juez ve posibles indicios de delito e inicia diligencias previas contra los responsables del proyecto de construcción de la EDAR Málaga Norte, entre los que se encuentran el delegado de Agricultura, Fernando Fernández, y el actual secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Sergio Arjona, que anteriormente ocupaba la dirección general de Infraestructuras del Agua.

Esta querella criminal se suma a los recursos presentados por la comunidad de vecinos y admitidos a trámite por el TSJA, que siguen activos. «Es una auténtica aberración situar esta infraestructura ahí cuando hay otras opciones, como bien respaldan los informes de nuestros técnicos y arquitectos», señaló el abogado de los vecinos, que explicó que todos los procedimientos seguirán adelante. «No vamos a quitar nada, pero la vía preferente es la penal. Ahora han respondido a las alegaciones remitiendo a la Autorización Ambiental Unificada, cuando ya están a punto de talar árboles».

El recurso presentado por la comunidad de vecinos alega que se trata de una zona inundable, la «menos conveniente» de las posibles ubicaciones seleccionadas. El abogado de Mestanza recalcó que ninguna ley ambiental autonómica queda por encima de la ley estatal (el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961), según el artículo 149 de la Constitución Española.

Los vecinos subrayan que la depuración de aguas «es necesaria» y se muestran a favor de su construcción en otras ubicaciones «mas idóneas». Asimismo, consideran que la depuradora supondrá un «enorme impacto visual» para la zona, la destrucción de especies protegidas, además de una devaluación de la economía local. «Todas las familias comemos de estas tierras. Se destruirán más de 8.000 árboles frutales», explican.

Como ya publicó SUR, los argumentos que esgrimen desde la Junta para seguir adelante con el proyecto es que volver a empezar de cero supondría no sólo prolongar cuatro años más el daño ecológico que supone que el principal río de la provincia sea el sumidero al que van a parar las aguas fecales de Alhaurín el Grande y Cártama, sino agravar la multa millonaria impuesta por la UE por esta falta de depuración. El pasado mes de noviembre, la obra fue adjudicada a la unión temporal de empresas formada por Aquambiente, Dinotec y la malagueña Sando por un importe de 104,9 millones de euros, lo que supone 26,6 millones menos respecto a los 131,5 por lo que fue licitada la actuación.

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