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José Rodríguez Cámara
Alhaurín de la Torre
Jueves, 7 de noviembre 2024, 23:50
El PSOE, con el respaldo de Con Andalucía, ha llevado al pleno de la Corporación el debate sobre la necesidad de tomar medidas para facilitar el acceso a la vivienda en el municipio de Alhaurín de la Torre. Una de las propuestas que ha planteado, ... aprobada por unanimidad, gira en torno a limitar el uso turístico de los inmuebles.
Los socialistas, preocupados por «la proliferación descontrolada de viviendas turísticas», con 372 reconocidas ya como tal, y su «impacto directo» en la compra y en alquiler, han traslado al Gobierno local, que ha dado su respaldo, la necesidad de establecer limitaciones en estos usos, en virtud del decreto aprobado por la Junta. Esta norma, entre otros requisitos, establece que estos inmuebles cuenten con entradas independientes y que dispongan de sus propios contadores de luz y agua. En la misma línea, se ha hecho hincapié en lo perentorio de impulsar medidas fiscales para incentivar la conversión de los pisos turísticos en alquileres de larga duración.
No ha tenido éxito, por el contrario, la idea socialista de que Alhaurín de la Torre sea declarada como «zona de mercado residencial tensionado» . El portavoz del principal partido de la oposición municipal, David Márquez, que ha considerado que este punto es «clave», ha criticado que el municipio sea «un ejemplo de la nefasta política urbanística que permite que se forren algunos mientras los jóvenes no tienen manera humana de acceder a una vivienda».
Durante la sesión plenaria extraordinaria, solicitada por el PSOE y Con Andalucía, también se ha aprobado por unanimidad la propuesta socialista para instar al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a impulsar la construcción de viviendas de VPO en el municipio. El portavoz socialista, que ha celebrado los acuerdos alcanzados, ha hecho hincapié en que, a pesar de que la vivienda «es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, según el artículo 56.1 del Estatuto de Autonomía», hacer frente a los problemas de acceso a este derecho debe implicar a todas las administraciones.
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