La abogada de la familia del fallecido en la cárcel de Archidona, preocupada por la dispersión de testigos tras el desalojo

La letrada Amanda Romero ha indicado en declaraciones a Europa Press que "por un lado, no deja de ser una buena noticia que el centro deje de albergar a personas internas porque ha sido diana de multitud de denuncias y quejas por irregularidades desde su puesta en funcionamiento".

Pero ha expresado su preocupación "porque hasta la fecha en su interior estaban muchos de los testigos de lo ocurrido con Mohamed y cuya devolución se había solicitado que se suspendiera". "Lo que nos preocupa es que, de manera intencionada o no, esa dispersión en otros centros pueda dificultar el contacto con ellos y también la investigación judicial, que esperemos se pueda reanudar pronto", ha manifestado.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Archidona acordó el pasado 4 de enero el archivo provisional de la causa por su fallecimiento del interno, el 29 de diciembre, por entender que no había quedado justificada "la perpetración de hecho delictivo alguno". Tanto la familia como varias ONG han recurrido dicho sobreseimiento y han pedido que se reabra la investigación.

Al respecto, la letrada ha recordado que una de las pruebas que se solicitaba era la medida cautelar de suspensión de las devoluciones de las personas internas en el mismo módulo que Mohamed "y nos consta que de las personas que teníamos identificadas, aunque algunas habían sido expulsadas, muchas de ellas continuaban aún en el centro de Archidona".

La cárcel de Archidona vuelve a estar vacía y pendiente de inauguración como centro penitenciario después de que el Ministerio del Interior haya expulsado a Argelia o trasladado a otros puntos del territorio nacional a los inmigrantes que aún quedaban en las instalaciones.

Por su parte, desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado han mostrado en un comunicado su "estupor" por el vaciado de la cárcel "que coincide con la presentación de los recursos tras la muerte de uno de sus internos".

A juicio de la Red, "esta maniobra del Ministerio del Interior confirma el temor por parte de ese departamento a garantizar a las acusaciones populares y otras partes personadas en el procedimiento las garantías suficientes para poder esclarecer lo sucedido".

En este sentido, han incidido en que "al haberse vaciado de internos y haberse producido deportaciones sumarias, el total de los testigos se encuentran ya fuera del país o dispersos en CIE de diferentes puntos del territorio nacional".

"El ministro Juan Ignacio Zoido parece haber olvidado, de nuevo, su condición de magistrado y garante de la ley. Nos sorprende que una persona que proviene de la carrera judicial pueda mostrar tanto desprecio por los Derechos Humanos y las garantías procesales tras el fallecimiento de uno de los internos que estaba bajo su cuidado", han indicado en el comunicado.

Así, el presidente de la Red, Daniel Méndez, ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos "para que pongan punto y final a esta tolerancia con la situación de las personas migrantes que acceden a nuestro país, en durísimas condiciones, huyendo de graves escenarios de vulnerabilidad".

Al respecto, han apuntado que, en contacto con las formaciones políticas, iniciará una ronda parlamentaria y se ha adherido a las convocatorias de acciones y recursos presentados en sede judicial por parte de las plataformas del ámbito migratorio.

Asimismo, han resaltado que "una vez más, el Ministerio del Interior aplica deportaciones y silencio sumarial a todos los procesos en los que, como pasó en el caso del Tarajal, se ve implicado, en una grave instrumentalización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".