El Gobierno deja en manos de la Junta el trasvase de agua de Iznájar a Antequera

El trasvase de Iznájar a la comarca de Antequera sigue sin tener fecha. Tampoco está claro de momento qué administración deberá financiar las obras necesarias para facilitar el trasvase, que está destinado al abastecimiento de siete municipios (Antequera, Archidona, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco), que suman una población de 70.000 habitantes. Y ello a pesar de que el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró ayer en Antequera que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha iniciado los trámites para iniciar el estudio de viabilidad, a la vez que ha modificado el Plan Hidrológico del Guadalquivir para atender las necesidades de agua de la comarca Norte malagueña.

Sanz, que se reunió en el Ayuntamiento antequerano con una representación de alcaldes de la comarca, de hecho instó a la Junta de Andalucía a acometer las obras necesarias para llevar a cabo el trasvase. Según dijo, el Gobierno de España «está cumpliendo» y ahora debe ser la Comunidad Autónoma la que realice las obras de abastecimiento y canalización, «que son de su competencia», a fin de que una vez se apruebe en Consejo de Ministros el trasvase.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta quiere sin embargo que las obras sean declaradas de Interés General del Estado para que parte de la financiación recaiga también sobre el Gobierno central, por tratarse de una actuación destinada a garantizar el abastecimiento de la población. Con esta finalidad el consejero, José Fiscal, ha enviado dos cartas a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, pidiéndole que colabore en el proyecto, según el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo.

En este sentido, hoy jueves está previsto que se debata en el Parlamento andaluz una proposición no de ley del PSOE para instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que a su vez inste al Gobierno de España en funciones a que éste promueva la modificación del Plan Hidrológico Nacional para que incluya el trasvase, así como que las actuaciones e infraestructuras necesarias sean declaradas de Interés General del Estado».

Sanz insistió en que la Junta no debe eludir la responsabilidad que le confieren sus competencias pidiendo que las obras sean declaradas de interés general para que las financie el Estado. Según declaró, el Gobierno no puede «estar siempre haciéndole los deberes a la Junta».