Peñarrubia, el pueblo en el fondo del pantano

Los tejados más altos aparecen de vez en cuando como si fueran un periscopio. Sobro todo en verano y en tiempo de sequía cuando baja el nivel del agua y nos recuerda que el submarino al que pertenecen tiene nombre: Peñarrubia, el pueblo que en 1973 se ahogó con la construcción de las presas del Guadalhorce y del Guadalteba. La creación de los embalses fue la condena de los 1.751 vecinos de esta localidad, que sólo pudieron sacar a flote su memoria, los muebles y una indemnización por la enmienda a sus vidas. No obstante, algo más se salvó: los documentos oficiales que narran la crónica de esta muerte anunciada.

El Archivo Histórico Provincial ha sacado ahora a flote los expedientes e informes que narran toda la desaparición de Peñarrubia y de su anexo de Gobantes desde que se aprueba la construcción de las presas hasta que en 1962 los vecinos tuvieron las primeras noticias de que tenían los días contados. Todavía tardaría una década en hacerse realidad el exilio de los lugareños que, a través de su párroco, manifestaban en una carta en 1966 su inquietud y la petición de que se construyera un nuevo Peñarrubia. Pero esa no fue la solución. Antes de desaparecer, la localidad legó su término municipal a la vecina Campillos, donde también acabaron muchos vecinos, mientras que la diáspora llevó a otros al asentamiento de Santa Rosalía-Maqueda o a la misma capital. Concretamente a Nueva Málaga, en cuya parroquia encontró también albergue la peñarrubiana Virgen de los Dolores. Esa imagen es ahora la titular de la cofradía de Nueva Esperanza y se procesiona en la Semana Santa de Málaga, como recordó ayer Enrique Vega, capataz de este trono, en la presentación del Documento del mes, junto a la delegada de Cultura, Monsalud Bautista.

«La desaparición de un pueblo y de las raíces de tanta gente sólo se justifica por el interés general», explicó ayer el secretario de Medio Ambiente, Valentín Ortíz, que apeló a la «generosidad» de los lugareños que se sacrificaron, entre otras cosas, para abastecer de agua a los 700.000 habitantes de la capital.

Entre la documentación se puede ver cómo, con los embalses terminados y el agua a 40 metros de las casas en 1972, la Confederación Hidrográfica del Sur concedió 15 días a los vecinos para que desalojaran las viviendas. Los últimos en abandonar el barco fueron un empleado de Correos, dos funcionarios municipales y la pareja de la Guardia Civil, que asistieron al naufragio hasta el final. Y escaparon con el agua en los talones.