¿Es la Vega de Mestanza el lugar idóneo para la depuradora Norte? Así ha sido la vista judicial

De un lado, Marcelino Abraira, representante de las familias de esta zona situada entre Málaga capital y Alhaurín de la Torre, resumió la cuestión en el peligro de la inundabilidad, sobre todo en el contexto de los recientes episodios de danas en la provincia; en el daño irreparable a la Vega, y en el alto coste de una agrupación de vertidos que tenía otras alternativas de emplazamiento. En resumen la ubicación no es la más adecuada.

De otro, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía se centró en la «ponderación de intereses», según insistió su letrada, que recordó que se modificó el proyecto para bajar la huella de la depuradora. Mientras que no esté activa esta planta, la Unión Europea seguirá multando cada semestre con 634.000 euros a la Junta por no depurar las aguas de Alhaurín El Grande.

La abogada autonómica ha argumentado que la cuestión de la inundabilidad ya se contestó con las alegaciones (cuestión publicada en BOJA el pasado 15 de noviembre) y que ya ha sido estudiada. En este punto, aportó un informe de la primera DANA, la de octubre, cuando el Guadalhorce se desbordó. La cota de inundabilidad de los futuros terrenos se sitúa entre 16-18,50 metros y, durante las lluvias, llegó a 15,40-15,72.

Contestaba así a otro argumento de los propietarios, que aportaron vídeos y fotos de cómo habría quedado la parcela tras la tromba. Tras el episodio, llamaron a un notario. El letrado fue más allá y aseguró que el proyecto está elevado 5 metros porque aquella es zona inundable y que la construcción de la EDAR sería un riesgo también para zonas como la vulnerable Campanillas.

La abogada de la Junta aseguró que la zona de cítricos afectada es de 13 hectáreas y que es menos del 2% de la dedicada a este fin en la ciudad de Málaga. Y dijo que el tamaño medio de las explotaciones de naranjos es de 5,92 hectáreas en Andalucía y, en este caso, es mucho menor, 3,27. Añadió además que hay muchos frutales abandonados y estimó el perjuicio anual por cosechas en 83.964 euros. Y recordó que las familias serán compensadas por la vía expropiatoria, que pidió que continuara.

La abogada señaló que ya se han invertido 6,4 millones de euros en este macroproyecto y puso especial énfasis en su adecuación al PGOU de Málaga al «perjuicio institucional» y a la «posición de España» ante la UE. Por ello, solicitó que, de continuar con el litigio, cuya duración estimó en cuatro años, los propietarios de la Vega de Mestanza deberían abonar un aval superior a 5 millones de euros (la multa semestral de la UE durante ese tiempo).

Por lo tanto, para la Junta, no seguir supone un daño ambiental, un daño económico y un daño hacia terceros.

Abraira había insistido en que el PGOU de Málaga se encuentra en la base de la pirámide legal. Citó el artículo 14 bis del Reglamento Hidráulico que viene de la Ley de Aguas y también la propia Constitución, concretamente el principio de seguridad de las personas (artículo 149). Según el abogado, el Supremo reiteradísimamente ha sentado doctrina al respecto.

«Qué más da que que nos den la razón en un futuro si la Vega se destroza», esgrimió el abogado, que recordó que hay cinco procedimientos judiciales abiertos por recursos interpuestos por los propietarios.

También aludió al convenio de gestión de las futuras instalaciones firmado entre los cinco ayuntamientos y la Junta y aportó una carta del alcalde de Alhaurín el Grande, Tony Bermúdez, a una vecina de la Vega en la que el regidor mostraba su desacuerdo con la ubicación. Según el letrado, si alguien se echa para atrás, el convenio se anula. El documento fue admitido pese al rechazo de la letrada autonómica, que aseguraba que carecía de sello y que, en caso de querer descolgarse del convenio, el Ayuntamiento alhaurino no lo haría mediante una carta a una propietaria.

El abogado cifró las hectáreas en muchas más porque contó las canalizaciones y otras instalaciones y estimó que serían casi 80. Y recordó que la vocación de la planta depuradora es la de ser ampliada en el futuro, algo que la Junta siempre responde con que esto se puede hacer sin ocupar más espacio, con tecnología.

«De la Vega vive mucha gente, son 300 familias. Las cosas hay que hacerlas bien. ¿Por qué tanta prisa por expropiar?», concluyó Abraira.