El precio de no depurar las aguas residuales de Alhaurín el Grande: más de 7,5 millones ya en multas

Desde el gabinete del consejero señalan a la inacción municipal durante muchos años que motivó que la Junta tomara las riendas de las actuaciones entonces pendientes. Ahora, todos esos plazos e incumplimientos se traducen en multas. Desde 2018, la Junta ha tenido que pagar, en concepto de sanciones, hasta 7,5 millones de euros (a razón de 630.000 euros al semestre en términos redondos).

Afortunadamente, han quedado atrás otras multas históricas gracias a la puesta en marcha paulatina de infraestructuras. La primera infracción a la provincia señalaba cuatro zonas de vertidos (Coín, Nerja, Estepona –ya corregidas– y Alhaurín el Grande). Más de 12,3 millones de euros en aquellos expedientes. Es decir, las sanciones históricas, muchas ya resueltas, superan los 20 millones.

La cuantía crecerá hasta que no esté en funcionamiento la parte relativa a la depuración de Alhaurín El Grande. Por su parte, existe un expediente en curso sobre Cártama, que podría cristalizar de nuevo en más sanciones y más desembolso de dinero público, según explican desde el departamento autonómico.

La EDAR Norte vendrá a tratar las aguas residuales de Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande Cártama y las nuevas áreas de desarrollo de Málaga capital. No hay que confundir esta futura instalación con la gran depuradora del Guadalhorce, en la capital, que trata las aguas residuales también de Torremolinos. Ni con la del Bajo Guadalhorce, ya en marcha, y que trata a Coín y Pizarra. La primera la gestiona Emasa y factura a terceros el servicio prestado. La segunda, la gestiona el Consorcio Provincial de Aguas, de la Diputación. En teoría, la futura EDAR Norte será gestionada por Emasa también y queda por ver la fórmula jurídica, dado que ya empiezan a acumularse los servicios metropolitanos de los que se encarga la empresa pública malagueña dada su experiencia en todos los procesos e instalaciones relacionados con el ciclo integral del agua (abastecimiento, depuración, aguas regeneradas, desalación...)

¿De dónde parten estas sanciones? La Directiva 91/271/CEE establece las medidas necesarias que los estados miembros han de adoptar para garantizar que las aguas residuales urbanas reciben un tratamiento adecuado antes de su vertido y establece los plazos máximos para la ejecución y puesta en marcha de dichos tratamientos.

En el año 2010, la Junta acordó auxiliar, técnica y económicamente, a las entidades locales, declarando estas obras de interés general de la comunidad andaluza.

Desde el año 2015 se incumplen la mencionada directiva 271/91 y también la directiva 2000/60, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

«Desde que se produjo el cambio de Gobierno en la Junta en 2019, las políticas hídricas son prioritarias en Andalucía. Uno de los principales objetivos del gobierno, que fue considerado en el Pacto Andaluz por el agua firmado en 2020, ha sido la agilización de la ejecución de las actuaciones de saneamiento y depuración que estaban pendientes desde 2010. A pesar de estar cobrando la Junta a los usuarios el canon de mejora de infraestructuras», señalan.

Entre dichas actuaciones se encontraba la ejecución de esta obra (colectores para la agrupación de los vertidos y la depuradora Málaga Norte). Se trata de una actuación cuyo proyecto básico fue contratado por la Junta de Andalucía en 2006. En aquel año también se comenzaron a ejecutar los colectores necesarios para transportar las aguas residuales desde los municipios hasta la depuradora.

Con la ejecución de este proyecto se alcanzarían dos objetivos: el cumplimiento de los objetivos ambientales y el incremento de los recursos disponibles en el valle del Guadalhorce mediante la reutilización de las aguas residuales depuradas. Huelga explicar la importancia de este recurso alternativo. En las últimas fechas, la Axarquía, por ejemplo, ha empezado a recibir aguas regeneradas para riegos procedentes de la depuradora del Peñón del Cuervo, en Málaga. Y hay en marcha un proyecto para ampliar el terciario de la depuradora del Guadalhorce y ofrecer 15 hm3 al año para agricultura y golf.

Sobre la polémica suscitada por la ubicación de la planta en la Vega de Mestanza, las fuentes indican que desde el año 2006 nunca se ha modificado la ubicación de la planta depuradora. Es la alternativa que se contempló en el POTAUM, aprobado por la Junta de Andalucía en 2009, y en el PGOU aprobado por el ayuntamiento de Málaga en 2011: «Este proyecto constructivo ha sido aprobado por los técnicos de la Junta e informado favorablemente por la Gerencia de Urbanismo de Málaga. Además, también cuenta con la autorización ambiental unificada y con todos los permisos necesarios para el inicio de las obras».

Durante la tramitación de la autorización ambiental unificada, la depuradora y sus instalaciones complementarias (bombeos, colectores, electricidad...) han sido sometido a dos nuevos procesos de información pública. «Todos los técnicos que han participado en este largo proceso concluyeron que vega Mestanza es la mejor solución», aseveran.

La futura EDAR Norte fue adjudicada a finales de 2021 a la unión de empresas la Aquambiente-Dinotec-Sando por 104 millones de euros, con el IVA incluido, y un plazo de ejecución de 36 meses. La idea es fasear los trabajos y multiplicar equipos para dar respuesta primero a los vertidos motivo de sanción.