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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar) ha visitado Málaga en el marco de la IV Asamblea de la Red de Entidades Locales Agenda 2030 y ha entrado de lleno en el asunto que copa gran parte de la agenda política estos días en Málaga: el problema de la escasez y precios de vivienda y la posible colisión con el sector turístico. El ministro lo tiene claro como base: hay que perseguir los pisos turísticos ilegales y tomar medidas regulatorias claras y, sobre todo, hay que utilizar los mecanismos de la Ley de Vivienda para topar precios de alquiler según los índices de referencia que fija el Gobierno. Esto sólo lo ha hecho de momento Cataluña.
En este foro que se celebra en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación este jueves y viernes, Bustinduy ha fijado en su agenda una reunión con la Confederación de Asociaciones de Vecinos para abordar el asunto de la vivienda. «Andalucía es la comunidad con más pisos turísticos y, aquí en Málaga, como se pudo ver el pasado sábado en la manifestación ciudadana, este problema se está convirtiendo en una dificultad mayúscula para que las familias y los jóvenes puedan acceder efectivo el derecho a acceder a una vivienda digna», ha aseverado.
Según los datos que ha ofrecido durante su comparecencia ante la prensa, en Málaga, la vivienda turística se ha multiplicado por 14 en los últimos ocho años: «La oferta de pisos en alquiler turístico ya es superior a la de pisos residenciales. Esta situación está evidentemente descontrolada y hay que actuar para ello».
A continuación ha avanzado que el Ministerio, en función de sus competencias atribuidas en materia de Consumo, ha abierto una investigación de la publicidad de pisos turísticos en plataformas para detectar aquéllos que, pese a ser ilegales, se publicitan. Para ello, en una primera fase, se ha requerido todo tipo de información a las plataformas habituales. La determinación ministerial es la de proseguir con o sin la colaboración de éstas. «Quiero reiterar mi llamamiento al Ayuntamiento de Málaga y al de todas las ciudades que se ven afectadas por esta problemática para que se sumen y colaboren en esta investigación», ha abundado.
Sobre los precios de los alquileres y las viviendas ha querido ser claro: «Tenemos herramientas para poder actuar. Tenemos una Ley de Vivienda que permite declarar una zona tensionada y por lo tanto que se apliquen índices de referencia para poder controlar los precios de los alquileres. Pero son las comunidades autónomas quienes tienen que tomar esta decisión. Insto al presidente de la Junta de Andalucía y al resto de presidentes de las comunidades gobernadas por el PP a que apliquen la Ley de Vivienda».
El ministro ha saludado los últimos anuncios del Ministerio de Vivienda que abren la vía a que los vecinos veten los alquileres turísticos dentro de los edificios y comunidades. «Está muy bien que superemos esa situación de dejadez cuando no de responsabilidad directa en esta situación descontrolada, que se ha ido de las manos. Pero no basta con eso, no basta con declarar moratorias o introducir pequeños cambios regulatorios: hay que perseguir la actividad ilegal, que ha proliferado en España en los últimos años. Si alguien no tiene licencia para abrir un bar, es inconcebible que lo abra, se lucre con ello y, además, lo publicite. Pues lo mismo aquí», ha considerado.
Bustinduy ha recordado que según el CIS la vivienda y el acceso al alquiler ya son el segundo problema para los españoles y ha reclamado acción conjunta de todas las administraciones.
El ministro ha mostrado su sorpresa ante lo que ha dicho que es un relato creado por el PP para culpar de la situación a la Ley de Vivienda, cuando no la aplican en sus comunidades. Sin la declaración de tensión no se pueden emplear los índices correctores de precios: «Todo esto se traduce en problemas cotidianos para millones de trabajadores en España».
Por último, se ha referido a la Agenda 2030 y al evento que acoge Málaga. «Es un mensaje importante el que enviamos, la unidad de distintas administraciones para trabajar por un objetivo común, que no puede ser otro que el de avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) porque, a pesar de todos los relatos que intentan convertir la Agenda 2030 en un chivo expiatorio, de lo que estamos hablando es de hacer del mundo un lugar más seguro, más justo, sostenible y en paz», ha incidido, al tiempo que ha mostrado su interés en la renovación de este compromiso, que va a ser validado el próximo día 15 en la sede de la ONU. Será el tercer examen nacional voluntario al que se presenta España, un balance de lo hecho y de lo que queda.
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